El presidente Nayib Bukele publica de manera constante los buenos resultados de su estado de excepción, el cual, hoy por hoy soporta sus planes de Seguridad. Más del 90 % de la población lo apoya como resultado de su efectividad en Seguridad y respalda el régimen de excepción impuesto por el mandatario a través del oficialismo que domina la Asamblea Legislativa.
Si bien la Administración esta marcada por un viraje autoritario, este mandatario poco convencional también se ha caracterizado por generar gran controversia entre los observadores internacionales.
Con respecto al estado de excepción, este limita algunos derechos y permite las intervenciones telefónicas o que las detenciones pueden ser de hasta 15 días sin esgrimir motivos legales para que los cuerpos de Seguridad apresen a los ciudadanos de manera indiscriminada.
Si bien la población en general apoya estas medidas, el concierto internacional y los organismos de Derechos Humanos acusan a Bukele y a su gobierno de actuar de manera abusiva e ilegal y de estar iniciando una dictadura en El Salvador.
Una de las organizaciones no gubernamentales que atacan con carácter permanente el estado de excepción es Cristosal y su titular, Noah Bullock, ha llegado a afirmar que en El Salvador se violan los derechos fundamentales de cualquier ciudadano, opinando públicamente que el régimen de Nayib Bukele es un régimen dictatorial.
“El estado de excepción no es una política aislada, es una medida tomada por un presidente que invadió la Asamblea con el ejército y todo lo impone de este modo,” afirmó Bullock al criticar a la Administración Bukele.
“Bukele utilizó su mayoría para destituir a jueces que tenían 60 años y 30 años de servicio, de esta manera logra coartar a la Justicia para lograr sus objetivos. Estamos hablando del inicio de una dictadura encubierta por medidas de seguridad”, también ha manifestado el titular de Cristosal.
En el otro lado de la moneda, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, ha afirmado que es falso que se ataquen los derechos fundamentales de los ciudadanos de bien, como afirman los organismos de Derechos Humanos, sino que son medidas directamente apuntadas a «extraer a las pandillas de las calles de El Salvador para el bienestar de una comunidad que ya no podía convivir con el caos que generaban».
«Nosotros, desde que se activó este protocolo de guerra contra nuestros grupos terroristas, sabíamos que no solo íbamos a enfrentarnos a estos terroristas con su piel pintada, sino que también nos íbamos a enfrentar a todo ese establishment que ya estaba designado y que se lucró por más de 30 años de la violencia homicida que tuvo este país», afirma el hoy por hoy ministro estrella de la Administración Bukele.
Además, Villatoro asegura que las ONG´s, políticos y la izquierda internacional «venden» las medidas de manera negativa para promocionar una imagen distorsionada del país.
«Ellos lo toman para vender a El Salvador como un país donde las libertades fundamentales estaban suspendidas y que no se podía ni siquiera reunirse», lo que la población percibe como falso.
Villatoro afirma que es todo lo contrario, y que en este momento el ciudadano se siente “seguro con las medidas tomadas por primera vez en la historia” y “en un tiempo récord se eliminó el problema”.
«Lo que está viviendo El Salvadoreño es completamente diferente, porque no estamos restringiendo los derechos humanos fundamentales de la mayoría. Es enfocada única y exclusivamente a nuestros objetivos, a nuestros terroristas que tenemos que sacar de nuestras comunidades», resalta el funcionario.
El ministro explica que “Siempre se culpó a la pobreza por el crimen y la violencia, pero realizamos muchos estudios y comprobamos que la zona con mayor pobreza del país era una de las menos violentas”.
“Los pobres son utilizados por los traficantes, son las zonas vulnerables los principales canales para cualquier tipo de tráfico, el problema no es la pobreza sino quien la utiliza para sus fines delictivos”, concluyó Gustavo Villatoro.
Las dos apuestas más fuertes del presidente Bukele en la presente Administración son la «guerra» frontal contra las pandillas y la adopción del bitcóin como moneda de pago.
La adopción del bitcóin resultó en un fracaso, pero el control sobre las pandillas ha opacado los millones de dólares perdidos en la aventura.
Un segundo efecto que provocó el apoyo popular a Bukele fue el manejo de la pandemia de Covid, sin embargo, la no transparencia en los gastos billonarios del Estado, sin rendir cuenta alguna y los siete años de secreto impuesto sobre estos no ha permitido ue el Gobierno haga aún más grande su campaña de propaganda sobre el tema.
Las encuestas pagadas por la Administración Bukele, a CID Gallup o Mitofsky, por ejemplo, insisten en un apoyo popular superior al 95 %, las encuestas independientes le otorgan arriba del 80 % de aprobación popular. En ambos casos, los números son exhorbitantes.
El talón de Aquiles de la Administración
Los críticos de Bukele denuncian, por su parte, presuntas negociaciones que mantenía su administración con líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y del Barrio 18 y aseguran que la ola homicida que dió paso al estado de excepción se debió a una ruptura de estas presuntas negociaciones.
Las grabaciones de llamadas entre del director de @TejidoSocialSv Carlos Marroquín y la MS-13 publicadas por El Faro demuestran que Bukele jugó a la ruleta con las pandillas: pactó con ellas, liberó a sus líderes y luego rompió ese pacto.https://t.co/r6yDuTm4BY— El Faro (@_elfaro_) May 24, 2022
Bukele y sus funcionarios nunca respondieron públicamente a la acusación de su némesis periodístico. Sin embargo, el Departamento del Tesoro estadounidense acusó en diciembre de 2021 a varios miembros del actual gobierno salvadoreño de pactar una tregua con estas organizaciones, a cambio de privilegios para sus líderes presos.
Actualmente, ya se encuentran en manos de la justicia de los Estados Unidos de América varios líderes de las pandillas que habrían negociado, o que serían testigos de las negociaciones del gobierno de Bukele con las «maras», sus declaraciones se esperan con ansiedad por los organismos de Derechos Humanos y por todos los interesados en conocer la verdad sobre la guerra contra las pandillas en El Salvador.
Falta ver «cuando» las informaciones se harán públicas por el sistema de justicia norteamericano y la Administración Biden.
Nayib Bukele es uno de los presidentes más jóvenes de América Latina. Hoy, a cuatro años de su llegada al poder, la mayoría de actores de la comunidad internacional están seguros que se está convirtiendo en el presidente más autoritario de la región.
Una crítica de la cual se burló Nayib Bukele en septiembre del 2021, al describirse como «el dictador más cool del mundo mundial» en su biografía de Twitter.
Pero si los observadores se preocupan es por una sucesión de medidas implementadas por el jefe de Estado que le han permitido concentrar más y más poder desde su llegada a la presidencia.
«La Asamblea Legislativa por ejemplo, se comporta como un despacho más del presidente, donde las reformas son aprobadas sin mayor discusión, sin mayor control de otros poderes políticos, y menos de la población», advierte la directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista, Verónica Reyna.
A Bukele le da Igual
Nayib Bukele no se preocupa por las críticas, sabe que su reelección esta segura y la tiene en la bolsa, sea o no constitucional.
A él no lo eligen los países cooperantes, ni la ONG´s, ni la oposición ni el tinglado internacional, ellos no eligen al presidente de la República de El Salvador.
