Los partidos políticos que competirán en las elecciones legislativas y municipales de febrero de 2021 se comprometieron el miércoles a evitar que los funcionarios que forman parte de sus filas se valgan de recursos estatales para realizar campaña.
El pacto fue promovido por el Tribunal de Ética Gubernamental y firmado por los representantes de los partidos en contienda, entre ellos los opositores Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMNL), además del oficialista Nuevas Ideas (NI).
Con este «pacto ético» se espera que los partidos den cuentas del uso de los fondos que reciban del Estado por los votos que registren, conocida como deuda política, y «proscriban» el uso de recursos estatales para fines electorales.
También se comprometieron a evitar que sus miembros que se desempeñan como funcionarios públicos o empleados estatales se dediquen en sus horas de trabajo a la campaña política.
Además, deben evitar que se «retarde o deniegue la prestación de un servicio» por la afinidad política de los ciudadanos que lo soliciten.
El acuerdo incluye el compromiso de que los candidatos que también sean funcionarios «no se prevalezcan» de sus cargos para hacer campaña a su favor o utilicen los bienes a su carga para el mismo fin.
Además de ARENA, FMLN y NI, suscribieron el pacto los partidos Vamos, Nuestro Tiempo, Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Partido de Concertación Nacional (PCN).
El presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, José Castaneda, llamó a los candidatos a ser «transparentes, tolerantes a la crítica y respetuosos del estado democrático de derecho».
«Se espera de ustedes (los candidatos) acciones éticas, sinceras y de un alto nivel de respeto a nuestro marco normativo», señaló Castaneda, quien pidió que los contendientes practiquen la «integridad, honestidad, transparencia, justicia y responsabilidad».
Se prevé que en los próximos meses el país viva una intensa campaña política a pesar del creciente número de contagios diarios de la covid-19, dado que en los comicios se espera una renovación de la Asamblea Legislativa a favor del oficialismo.
Entre los percances registrados en el marco de las elecciones se encuentra la supuesta privación de libertad de los magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a inicios de diciembre por parte de simpatizantes del partido NI.
Este partido, que encabeza las intenciones de voto, fue fundado por un movimiento del presidente Nayib Bukele y es dirigido por uno de sus primos.
La Fiscalía General de la República abrió una investigación de oficio por la supuesta privación de libertad, sin que se conozcan avances de la misma.
