La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá designó a su presidenta, magistrada María Eugenia López, para revisar una demanda de inconstitucionalidad contra la condena al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) por blanqueo de capitales.
En octubre pasado, un tribunal confirmó la pena de más de 10 años de cárcel al exgobernante por el delito de lavado de dinero en el caso New Business.
Esa instancia ratificó además que Martinelli- desde el 7 de febrero asilado en la embajada de Nicaragua en esta capital -, deberá pagar una multa de 19,2 millones de dólares, como pena accesoria
Sin embargo, su abogado defensor, Carlos Carrillo, interpuso ese recurso, en el que solicita la anulación de la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá.
La defensa de Martinelli argumenta que estos fallos violan derechos fundamentales protegidos por la Constitución Política de la República y por tratados internacionales, particularmente en relación con el principio de especialidad.
Este proceso es de gran relevancia, ya que determinará si la sentencia que condenó a Martinelli se ajusta o no a la Constitución panameña.
La sanción a Martinelli incluye además el decomiso en favor del Estado de todas las acciones de la Editora Panamá América, SA (Epasa), su administración e instalaciones (bienes muebles e inmuebles), para cuya compra en 2010 erogó fondos públicos, según la Fiscalía.
Martinelli había sido condenado en primera instancia, en julio pasado, por la jueza Baloisa Marquínez, quien también lleva el caso por similar delito relacionado con la constructora brasileña Odebrecht, en el que además aparece impugnado el exmandatario Juan Carlos Varela (2014-2019).
El caso New Business comenzó en 2017 y tiene relación con la compra con presuntos fondos públicos de la Editora Panamá América SA (Epasa) por 43,91 millones de dólares en diciembre de 2010, cuando Martinelli era jefe de Estado.
Durante la audiencia quedó claro que el beneficiario del 60 por ciento de las acciones de Epasa era el exmandatario y el 40 por ciento para Henry Mizrachi, quien pactó un acuerdo de pena con el Ministerio Público, que implicó la devolución de parte de esos recursos.
La vista por el caso New Business se basó en la apertura de causa criminal el 9 de diciembre de 2022 por la jueza Marquínez.
Esa investigación consta de 164 tomos y de acuerdo con la Fiscalía, los desembolsos fueron entregados por empresas que a su vez recibieron contratos para distintas obras de infraestructura, acciones ejecutadas en el periodo 2009-2014.
