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ONU mantiene campaña pro legalización del aborto en El Salvador

En El Salvador, al igual que en otros países de la región como Guatemala, Honduras y Nicaragua, el aborto es ilegal en cualquier circunstancia.

El representante para Centroamérica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Alberto Brunori, dijo periodistas que la penalización del aborto en El Salvador es «escandalosa», ya que es el país de América que impone las condenas más severas.

«En El Salvador no solo se penaliza el aborto voluntario, sino que se criminaliza a las mujeres que tienen un aborto natural extrahospitalario y, en ocasiones, se las llega a imputar el delito de homicidio», aseguró el funcionario, sin diferenciar el aborto espontáneo del provocado.

En El Salvador, al igual que en otros países de la región como Guatemala, Honduras y Nicaragua, el aborto es ilegal en cualquier circunstancia.

El Código Penal salvadoreño establece penas que oscilan entre los 2 y los 8 años de cárcel tanto para la mujer que aborta como para quienes la ayuden.

Lo que diferencia a El Salvador del resto de países, añadió Brunori, es que las mujeres que sufren abortos espontáneos o dan a luz a bebés muertos son sospechosas de haberse sometido a un aborto voluntario y a menudo se las acusa de homicidio, que está penado con hasta 40 años de prisión.

«Cuando una mujer acude al médico porque ha abortado de manera natural impera automáticamente la presunción de culpabilidad en vez de la presunción de inocencia», según el funcionario.

Brunori, que dirige desde hace un año la oficina centroamericana del organismo, recordó el caso de Evelyn Beatriz Hernández Cruz, condenada a 30 años de prisión a principios de julio pasado por la muerte de su hijo tras un supuesto problema obstétrico.

La joven, relató el funcionario, dio a luz en 2016 en una letrina de su casa y, tras perder el conocimiento, fue llevada por su madre a un hospital. Allí, fue denunciada por los médicos y detenida por supuestamente haber abortado de manera voluntaria. Los casos de abortos provocados en las letrinas se dan por docenas en el país.

«Reportar el delito antes de atender a la víctima abre el debate sobre la ética de los médicos», denunció de manera acusatoria el representante para Centroamérica de la OACNUDH, cuya sede se encuentra en Panamá. Los médicos pueden discernir claramente entre lo espontáneo y lo provocado.

Según Brunori, actualmente existen cerca de una veintena de mujeres procesadas en El Salvador y cuyos casos se parecen al de Evelyn.

Citó iniciativas como la presentada la semana pasada por el diputado opositor Johnny Wright, de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), quien de manera aislada de su partido propuso en el Parlamento despenalizar el aborto en los 3 supuestos reconocidos internacionalmente (violación y riesgo para la madre y el feto).

Esa iniciativa legislativa llega diez meses después de que la propia presidenta del Congreso, Lorena Peña, del oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), presentara una propuesta similar, que finalmente fue rechazada.

En clara injerencia de los asuntos internos de los salvadoreños, Brunori dijo que el debate está prendido y que por eso este es el momento «oportuno» para que El Salvador «cumpla con el derecho internacional y la protección de las mujeres» y se una a Chile, en donde este lunes el Tribunal Constitucional avaló la legalidad del proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres circunstancias.

«No se entiende por qué hay que obligar a una mujer a tener un hijo cuando ha sido violada. Es una doble victimización: ha sido agredida y encima se la obliga a tener un hijo que le va a recordar toda la vida la tragedia que ha padecido», denunció.

La oficina de Brunori financía a varias Organizaciones no Gubernamentales pro aborto en El Salvador.

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