La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), informó que los comicios legislativos y municipales del domingo se dieron en un ambiente de polarización y de incumplimiento de las leyes.
En la elección salió triunfador el partido creado por el presidente Nayib Bukele, sus amigos y algunos familiares, que le otorgarán mayoría parlamentaria desde el 1 de mayo.
“La etapa anterior a los comicios estuvo caracterizada por un ambiente de enfrentamiento y polarización, que excedió la rivalidad habitual de una contienda política”, aseguró la OEA en un informe preliminar sobre el comicio.
La misión de la OEA aseguró que “constató ataques verbales”, entre figuras partidarias y en algunos casos la “agresividad” llegó a la violencia física, como el asesinato de dos militantes de izquierda el 31 de enero.
Cuando ya había concluido el proselitismo e imperaba el “silencio electoral” la OEA pudo “comprobar” propaganda de los partidos. Además “fue notoria una campaña gubernamental promoviendo la gestión en medios tradicionales, incluyendo el canal estatal de televisión”, consideró.
La OEA dijo que el principal “hallazgo” en materia de financiamiento de campañas fue “el impago” por parte del gobierno del anticipo de la deuda política que por ley le correspondía a los partidos contendientes.
Por su parte, el gobierno explicó a la OEA que el pago de la deuda “no constituía una prioridad” y que se necesitaban los recursos para enfrentar los efectos de la endemia. Sin embargo, el partido oficialista que salió triunfador, Nuevas Ideas, se gastó más de 8 millones de dólares en su campaña, mientras todos los demás partidos políticos en el país apenas llegaron a un millón de dólares en conjunto.
La misión recibió una “queja generalizada” del uso de recursos públicos con el fin de “incidir” en la voluntad del elector con la entrega de “asistencias varias”, en un contexto de adversidad económica producto de la pandemia COVID-19.
La OEA advirtió “que la institucionalidad democrática demanda una rigurosa separación entre el Estado y las organizaciones políticas”.
Además, pidió garantizar a la ciudadanía el “acceso a servicios públicos, a un mínimo vital y a una red de bienestar y apoyo”, sin que esto se condiciona a “lealtades políticas o partidarias”.
