La Fundación Mujer Legal pidió a la Fiscalía General de la República (FGR), que complemente las diligencias de prueba a lo que se comprometió durante la primera etapa del juicio que por Lavado de Dinero y otros Activos se instruyó contra el abogado Mario Calderón y su esposa Claudia Herrera, quienes fueron de manera provisionalmente sobreseídos por Jueza 9o de Instrucción, Nora Motoya.
Según la presidente de la fundación Mujer Legal, Silvia de Bonilla, se ha solicitado al jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la FGR, Jorge Orlando Cortez Díaz, que “se realicen todas las diligencias necesarias, en especial las que quedaron pendientes y las que fueron ordenadas cuando fue dictado el Sobreseimiento Provisional y así evitar que por olvido o negligencia, un caso tan claro de Lavado de Dinero y activos, quede impune y en el olvido”.
Mujer Legal hace ver al funcionario que los informes aportados al tribunal por la Superintendencia del Sistema Financiero eran “contundentes” al consignar que los movimientos financieros realizados por ambas personas y sus sociedades, no eran acordes a lo reflejado al Ministerio de Hacienda”, configurándose el presunto delito.
La jueza 9° de Instrucción, Nora Montoya, sobreseyó provisionalmente, es decir suspendió por un año, el proceso judicial que se desarrollaba contra Mario Calderón y su esposa Claudia Herrera, el pasado 8 de diciembre de 2016.
Con la resolución de la jueza Montoya, la Fiscalía General de la República tenía un año para desarrollar todas las diligencias necesarias para solicitar la reapertura del caso dentro del término que concede la ley, sin embargo, de manera sorprendente, la FGR no ha realizado gestión alguna para perseguir los posibles delitos.
La jueza decidió sobreseer de forma provisional a Calderón y Herrera con el razonamiento de que la representación fiscal ”no pudo presentar las pericias financieras contables que acreditaban el origen de los ingresos del imputado”.
La FGR presentó en la audiencia preliminar desarrollada en diciembre del año pasado un análisis financiero consistente en 40 puntos de los cuales estaban incompletos 10.
A 4 meses que sea declarado firme el fallo y pueda considerarse como cosa juzgada, quedando el delito en la impunidad, la abogada Bonilla solicitó al jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la FGR, Jorge Orlando Cortez Díaz, que rinda un informe de las diligencias desarrolladas y que se envíen al tribunal las que todavía faltan.
La presidente de Fundación Mujer Legal recuerda al funcionario fiscal que, al no acceder a lo solicitado, podría estar incurriendo en delito de Omisión.
