El presidente Jimmy Morales decretó el lunes el «estado de calamidad pública» en todo el país, con el fin de recuperar la red vial «al borde del colapso”, por estar en un «estado deplorable» que atenta contra el turismo, el desarrollo y la seguridad del ser humano.
La declaración del «estado de calamidad», aprobada por el Gabinete de Gobierno, tiene como fin «atender a esta demanda puntual» de la ciudadanía a la hora de comprar material y maquinaria para solventar la solución de la carreteras, dijo Morales, aunque esta medida, que regirá por un periodo de 30 días, tiene que ser ratificada por el Congreso.
El mandatario anunció que esta semana presentarán dos iniciativas de ley, una para reformar la ley de compras del Estado con procesos más ágiles y otra para liquidar empresas constructoras con algún problema legal, pues un reciente caso de corrupción destapado involucra a varias entidades que tienen contratos vigentes en la actualidad.
Durante un anuncio a la prensa, el presidente, que reconoció que esta situación se deriva de la desatención y la corrupción de Gobiernos anteriores, recalcó la necesidad de «medidas urgentes» para solventar esta tesitura, en la que se priorizarán las carreteras regionales que pasan por el país.
El Ministerio de Comunicaciones, apoyado por el cuerpo de ingenieros del Ejército, será el encargado de regir esta recuperación, aunque Morales invitó al sector privado, la sociedad civil y a cualquier entidad internacional a sumarse en un compromiso.
En este estado de calamidad, en el que no se harán adjudicaciones de obras, se creará una instancia de fiscalización permanente en línea para «garantizar la transparencia en la ejecución de los fondos asignados», con un portal electrónico que se actualizará cada 24 horas y en el que se publicarán los avances.
El presidente pidió que «no se especule ni manipule la información relacionada con este estado de calamidad», pues el Estado del Ejecutivo es «servir con transparencia, honestidad y probidad»: «Los invito a todos a que seamos fiscalizadores».
«No vamos a tolerar ningún acto de corrupción, tráfico de influencias, sobrevaloración, manejo político de las obras, (…) pero tampoco que se detenga el país en sus procesos de desarrollo económico», resumió.
El último caso de corrupción en la construcción de infraestructuras y obras es un entramado que cobró sobornos por más de 13 millones de dólares e involucra a varias empresas que tienen contratos ahora vigentes.
Esta maniobra corrupta que investigan las autoridades supuestamente estaba dirigida por el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi (2012-2014), sobre quien hay dos órdenes de captura.
Más de una veintena de contratos -entre actuales y viejos- están vinculados de alguna forma con este caso, según el actual titular de esta cartera, Aldo García, quien indicó que será necesario analizarlos para encontrarles una solución legal, dependiendo de las cláusulas de cada uno.
El ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, añadió que lo que se busca también es fortalecer al sector público para hacer un sistema de contrataciones «más equilibrado y competitivo».
