Medio digital acusa al menos a 7 diputados de recibir medio millón cada uno por interpretar ley

by Redacción

El medio digital Diario1.com, propiedad del político y hombre de negocios Adolfo “Fito” Salume, acusó a por lo menos siete diputados de la Asamblea Legislativa, de haber recibido “presuntamente” medio millón de dólares a cambio de promover y llevar a cabo una interpretación auténtica del artículo 23 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones LEIT.

Según la publicación mencionada, los diputados que estarían involucrados pertenecen al PCN, GANA, ARENA y el FMLN, siendo ellos Mario Tenorio, Ricardo Velásquez Parker, Jakelyn Rivera, Silvia Alejandrina Castro, René Portillo Cuadro, Norma Cornejo Amaya, Jaime Valdez, Antonio Armendáriz, Lorenzo Rivas y Ana Cristina López. La publicación asegura haber obtenido la información en una fuente calificada como “del más alto nivel” dentro de la Asamblea Legislativa, pero se niega a divulgarla.

De acuerdo al reportaje, la interpretación auténtica se habría llevado a cabo con el fin de “borrar” supuestas evidencias que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene contra el empresario Enrique Rais, enemigo comercial de Salume, y otras personas a las que se les imputa los delitos de cohecho y cohecho activo.

El propietario de la publicación, Adolfo Salume Artignano, posee además otros medios de comunicación, un partido político del cual es presidente y secretario general, una empresa productora de harina y una cadena de negocios de alimentos procesados. También tiene intereses con el negocio de la basura en el cual su principal competidor es Enrique Rais.

Molsa, la empresa harinera de Salume, ha sido condenada por la Superintendencia de Competencias a pagar una multa de más de cuatro millones de dólares que se niega a cancelar a pesar de que la sentencia es firme y que la SC ha trasladado las diligencias de cobro a la Fiscalía General de la República.

Más recientemente, Diario1 hizo la misma denuncia contra la diputada Ana Cristina López, utilizando para ello una fotografía trucada en la que hacía parecer al empresario Enrique Rais en un aparente abrazo con la legisladora López quien se encargó de demostrar la falsedad de la foto utilizada.

Las “evidencias” a las que hace mención Diario1, son grabaciones de intervenciones telefónicas realizadas por la FGR al empresario Rais sin autorización judicial el 4 de octubre de 2014 y judicializadas hasta el 23 de agosto de 2016 por lo que los imputados han pedido que sean excluidas del proceso contra Rais.

Diario1 asegura que la información la obtuvo de una fuente a la que califica como “del más alto nivel de la Asamblea Legislativa” sugiriendo que podría tratarse del mismo presidente del Órgano Legislativo, Guillermo Gallegos.

Enrique Rais y sus abogados aseguran que la Fiscalía General de la República, jamas pidió intervenir su teléfono porque, según ellos, los fiscales jamas reportaron ningún cometimiento de delito de su parte.” tanto el Fiscal General, por medio de Will Walter Ruiz , “fabricaron” pruebas para justificar una orden de captura administrativa” dijo uno de los abogados de Rais. Dicha falsedad está sancionada por la ley con penas de 4 y 8 años de prisión.

El procedimiento de La Ley Especial para la Intervención de la Telecomunicaciones LEIT, establece, sin necesidad de interpretación alguna, que “finalizado el procedimiento de Intervención, si la Fiscalía no hubiese presentado requerimiento contra persona alguna en el plazo de seis meses el juez autorizante, previo informe que deberá remitirse sobre esa situación, ordenará la destrucción de toda la grabación y sus transcripciones.

“Las “evidencias” a las que se refiere el diario1 son grabaciones que se hicieron con fecha 14 de octubre de 2014 y que los fiscales judicializaron para causar daño a nuestro defendido hasta el 23 de agosto de 2017 , mucho más tiempo después del que establece la ley” dijeron los abogados consultados por diariolatino.net.

Hasta el momento no ha habido reacciones por parte de los diputados acusados por la publicación de Salume pero periodistas que cubren la fuente de la Asamblea Legislativa, aseguraron que estos se encuentran analizando el tipo de medidas que tomarán en el asunto.

Estos son los diputados miembros de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales que según diario1.com se habrían prestado a interpretar el art. 24 de la Ley Especial Para la Intervención Telefónica a cambio de $500.000 tal como aparecen en la publicación original.

 

Con información de DiarioLatino.net

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