A pesar que un 75,9 % de los ciudadanos aprueba el régimen de excepción, un 49,8 % de la población salvadoreña considera que la medida «no resolverá el problema» de las pandillas, según un sondeo del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana (UCA).
En la pesquisa se preguntó a los entrevistados si el régimen de excepción «resolverá de una vez por todas el problema de las pandillas en el país» a lo que un 49,8 % de los ciudadanos respondió que no, un 46,1 % que sí y un 4,1 % de los consultados no respondió, de acuerdo con los resultados.
Ni las autoridades de Seguridad ni el presidente de la República se han pronunciado sobre la implementación de un plan para abordar el temas de las pandillas en el país, aparte de las capturas indiscriminadas de cualquier persona que cubra la descripción de «sospechoso».
Según la directora del Iudop, Laura Andrade, la calificación promedio otorgada por la ciudadanía a la medida de régimen de excepción es de 7,24 puntos (en una escala de 0 a 10).
Indicó que en términos comparativos en relación a un estudio de mayo pasado, que registraba una calificación promedio de 7,99, en esta oportunidad el régimen de excepción muestra una reducción a 7,24 puntos.
La encuesta también señala que poco más de la mitad de la población cree que debe extender más la medida del estado de excepción.
Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA, apuntó que el régimen de excepción «sigue gozando del apoyo social mayoritario», aunque «la aceptación del estado de excepción ha disminuido entre la población».
«Hay cada vez más reserva de la gente, hay una erosión de la opinión favorable con respecto al estado de excepción (…) ha bajado la nota, sigue siendo positiva pero ha bajado», señaló.
Serrano explicó que «la variable que pesa para que baje la percepción positiva del régimen de excepción es el conocimiento directo o indirecto de capturas de gente que se considera inocente».
Las organizaciones humanitarias y la oficina del ombudsman han recibido más de 6.500 denuncias de atropellos de los derechos humanos bajo este régimen de excepción.
