La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, lamentó que el estado de excepción de El Salvador, decretado a finales de marzo, haya acarreado un aumento del riesgo de detención arbitraria.
Asimismo, las posteriores reformas de la legislación penitenciaria ha aumentado también la posibilidad de que los detenidos sean torturados, según ha advertido Bachelet en su discurso de apertura del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.
Las autoridades de El Salvador decretaron a finales de marzo el estado de excepción debido a una importante ola de violencia que azotaba el país centroamericano. Esta medida ha sido prorrogada en varias ocasiones, la última de ellas a finales de mayo, cuando se prolongó por otros 30 días.
Durante este periodo, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías. De hecho, desde el inicio de la medida de excepción, las autoridades de seguridad han detenido a más de 38.000 presuntos pandilleros.
Esta elevada cifra de detenciones genera, según Bachelet, “preocupación sobre el respeto a las garantías del debido proceso”. Una muestra de esto son los, al menos, 21 decesos bajo custodia policial confirmados por fuentes oficiales.
De hecho, tres presos han muerto en las últimas 72 horas en el Complejo Penitenciario de Izalco, en Sonsonate, en el oeste del país, según recoge el diario salvadoreño ‘La Prensa Gráfica’.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), junto con otras organizaciones, ha mostrado su preocupación por la medida aprobada por el Gobierno salvadoreño, al que ha instado a que garantice también políticas penitenciarias que respeten los derechos fundamentales.
A principios de junio, Amnistía Internacional (AI) cifró en al menos 18 los presos muertos bajo la tutela del Estado desde la declaración del estado de emergencia.El organismo ha denunciado también numerosas detenciones arbitrarias, así como privaciones ilegales de la libertad y de garantías judiciales.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), una organización no gubernamental de derechos humanos con más de 30 años de existencia, denunció este lunes que ha registrado “más de 30 ataques” por la labor que desempeña por parte de simpatizantes afines al Gobierno del presidente Nayib Bukele y del Estado salvadoreño.
La entidad explicó, a través de un comunicado compartido hoy, que de enero a la fecha reportan “poco más de 30 ataques directos” que “han sido a través de la plataforma de Twitter, provenientes de cuentas particulares anónimas de simpatizantes del actual Gobierno e incluso algunas, procedentes del mismo Estado”.
Señaló que, aunque las agresiones registradas en gran medida se dan en el plano virtual, es preciso “alertar a la comunidad internacional, organizaciones de derechos humanos y ciudadanía en general sobre el control y amedrentamiento del que estamos siendo objeto”.
Fespad apuntó que, si bien se han tenido actuaciones hostiles en el pasado provenientes del Estado y particulares, es “preocupante que en la actual administración estos ataques hacia defensores-as de DDHH, periodistas y organizaciones de sociedad Civil se hayan incrementado”.
