Juez formula nuevos cargos contra militares que defendieron a la República frente a la agresión comunista de los 80’s

by Redacción

El juzgado de instrucción de San Francisco Gotera presentó nuevos cargos contra exmilitares, entre ellos altos mandos de las fuerzas armadas de El Salvador, que ya están siendo procesados por la supuesta masacre de El Mozote en 1981 que dejó guerrilleros y colaboradores muertos en un operativo militar al repeler ataques insurgentes.

El juzgado informó que serán procesados por los delitos de tortura, desapariciones forzadas y desplazamiento forzado que habrían sido cometidos en el marco de la operación durante la que se produjo el extermino de los subversivos que se parapetaron con escudos humanos en el enfrentamiento contra efectivos militares.

Las acusaciones se hacen a pesar que ninguno de los acusados estuvieron en el lugar durante el enfrentamiento armado.

El juez Jorge Guzmán Urquilla reabrió la investigación luego de que la Corte Suprema derogara la Ley de Amnistía General de 1993, la cual garantizó la permanencia de los acuerdos de paz ante la no persecución de militares y guerrilleros que cometieron desmanes en el supuesto cumplimiento de sus objetivos militares.

A inicios del juicio en marzo de 2017, Guzmán Urquilla citó a 18 exmilitares, incluidos el entonces ministro de Defensa y el antiguo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, pero no todos comparecieron. Los que se presentaron negaron su participación en la matanza alegando que no conocieron las actuaciones durante el operativo militar.

Por su parte, uno de los militares procesados por la supuesta masacre pidió el jueves al tribunal ordenar una investigación sobre el papel que desempeñó el difunto expresidente José Napoleón Duarte en el operativo.

El exjefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada Rafael Flores Lima apuntó que la cúpula del Ejército de la época mantenía comunicación con Duarte y el militar en la Junta de Gobierno que dio Golpe de Estado al gobierno del general Carlos Humberto Romero, el coronel Jaime Gutiérrez.

A la petición de este militar se sumó el exministro de la Defensa Guillermo García, quien recalcó que el «alto mando» del Ejército era liderado por Duarte.

Durante la audiencia el general Rafael Bustillo aseguró que el proceso es «parcial» y señaló que las víctimas posiblemente colaboraban con la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

También catalogó la causa penal, reabierta tras la anulación de una ley de amnistía de 1993 en julio de 2019, de ser un «circo».

La entonces colaboradora del FMLN y supuesta única sobreviviente, María del Rosario Torres, dijo que las supuestas víctimas no tienen «ninguna culpa» por las acciones de la guerrilla.

«Solo de mi familia fueron 24 asesinados», aseguró Torres, dato que nunca ha sido comprobado, quien pidió a los militares que «se pongan la mano en el corazón» y acepten los cargos que se les imputan.

Torres fue encontrada meses después del operativo anti guerrillas por empleados de Tutela Legal, quienes la llevaron a sus oficinas en San Salvador y a quien, según testigos, se le hizo un “lavado de cerebro” en el cual se le implantaron situaciones que nunca existieron y “fantasías” tales como que “los soldados lanzaban bebés al aire, tomaban su fusil y les disparaban antes de caer al suelo”, lo que es imposible de acuerdo a las leyes físicas.

Asímismo, María del Rosario Torres habría declarado ante la Comisión de la verdad que durante el operativo antiinsurgente, las operaciones fueron dirigidas por el fallecido coronel Domingo Monterrosa Barrios, quien nunca estuvo en el lugar y que hasta el líder de la derecha salvadoreña, Roberto d’Aubuisson Arrieta estuvo en el lugar.

Las órdenes de hacer el “lavado de cerebro” a Torres fueron dadas personalmente por la entonces encargada de Tutela Legal del Arzobispado, la líder intelectual de la guerrilla, María Julia Hernández.

El proceso se encuentra en la etapa de instrucción y a la audiencia únicamente se presentaron 12 de los procesados.

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