El Juez 5to de Paz de San Salvador admitió que los apoderados del empresario Enrique Rais presenten las pruebas que han recabado y que demuestran la fabricación y utilización de pruebas ilegítimas con finalidades oscuras.
El martes 8 de enero se instaló la audiencia inicial contra 11 fiscales y empleados de la Fiscalía General de la República (FGR) quienes habrían confabulado para perjudicar al empresario Enrique Rais, Hugo Blanco Rais y Wilfredo Gutiérrez.
A pesar que el exfiscal Douglas Meléndez pidió al juez antes de salir del cargo el sobreseimiento definitivo a favor de sus fiscales, el juez admitió una querella (parte acusadora particular) en contra de estos, quienes inconformes han presentado un recurso de revocatoria, queriendo evitar la presentación de las pruebas.
Los fiscales que ahora se sientan en el “banquillo de los acusados” son: los fiscales Will Walter Ruiz Ponce (primo hermano del ex titular de la Fiscalía, Douglas Meléndez), Froilán Francisco Coto Cabrera, Mayra Raquel Guerra de Quintanilla, Xenia Lizeth Linares Rodríguez, Julio César Larrama Barahona, Sigfrido Alcides Campos Crespo, Maricela Granados Ponce (ingeniero en sistemas de la FGR).
Los apoderados legales de Rais sostienen que la fiscal Mayra Raquel Guevara reconoció ante el juez Octavo de Instucción que se presentaron pruebas viciadas en contra del empresario por un supuesto error por parte de la ingeniero en sistemas, Maricela Granados Ponce.
De acuerdo al abogado Hernán Cortez, “en marzo del 2017 presentamos una denuncia contra once elementos fiscales y tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), por todas las ilegalidades que se cometieron contra nuestros clientes al momento de ser capturados. Nos llama mucha la atención que antes de dejar su cargo, el exfiscal Douglas Meléndez trató de favorecer a estas personas buscando un sobreseimiento para ellos”.
El profesional del derecho agregó que la información respecto a este caso “no está depurada y no se puede decir que esos delitos fueron cometidos por nuestros clientes, porque la Fiscalía General de la República presentó una inconstitucionalidad al presentar una interpretación auténtica de la Asamblea Legislativa, sobre el artículo 23 de la Ley Especial de Escuchas Telefónicas y sobre este punto la Sala de lo Constitucional emitió una medida cautelar para dejar sin efecto el acto reclamando, por tanto está pendiente de resolución y en ese sentido la FGR no podía presentar un sobreseimiento, porque hay una medida cautelar que no se puede resolver nada”.
Debido a una serie de actos irregulares en contra de Enrique Rais, once fiscales y tres policías han sido acusados de utilizar intervenciones telefónicas caducadas, ya que estas se vencieron en octubre del 2015 y fueron usadas en septiembre del 2016, cuando la ley establece que tienen un período de seis meses para ser usadas, de lo contrario deben ser destruidas.
“La misma Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, detalla que hubo ilegalidades en las escuchas telefónicas usadas por la Fiscalía y desconocemos si ese documento fue incluido por la FGR. También señalamos que nuestros clientes fueron citados a la FGR para un determinado procedimiento, aun sabiendo que ya tenían órdenes de captura en sus contra, lo que significa que utilizaron métodos de engaños para privar de libertad a nuestros clientes”, afirmó el abogado Cortez.
