Agrupaciones de izquierda, indígenas y campesinas mantuvieron cerrados al menos 17 tramos de importantes carreteras como la Panamericana, así como las que conducen a las fronteras de México, El Salvador y Honduras, informó la estatal dirección general de protección y seguridad vial.
Los grupos de manifestantes bloquearon el lunes las carreteras en Guatemala para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, a quien acusan de fraguar un supuesto golpe de Estado para impedir que asuma el presidente electo, Bernardo Arévalo.
Las protestas son contra los allanamientos de la sede del Tribunal Electoral para secuestrar las actas de las elecciones pasadas debido a la certeza de la manipulación de actas electorales, los grupos izquierdistas demandan se retiren los fueros a los magistrados del organismo.
El mayor socio comercial del país, Estados Unidos, advirtió el lunes que “seguirá utilizando todas las herramientas disponibles contra quienes actúen para socavar la democracia” en Guatemala.
El jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken dialogó con Arévalo y le expresó “su apoyo para una transición política pacífica”, que le permita asumir en enero, dijo en Washington un vocero del departamento de Estado.
Las manifestaciones y bloqueos fueron convocadas por alcaldes comunales de 48 cantones del departamento de Totonicapán, de las 340 municipalidades a nivel nacional, para pedir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras. Al llamado se han sumado otros sectores de izquierda.
Las entidades piden también la separación de los cargos del fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, quienes mantienen una cruzada legal respaldada por la Constitución guatemalteca, pero que es considerada como un «golpe de Estado» por el presidente electo.
La embestida legal comenzó después de que Arévalo quedara segundo en las elecciones generales el 25 de junio y pasara a un balotaje que ganó el 20 de agosto a la ex primera dama, Sandra Torres.
El viernes y sábado fiscales bajo el mando de Curruchiche y con una orden de Orellana se incautaron las actas electorales, provocando una enérgica condena de Estados Unidos, que señaló que “socava” la transición pacífica del poder.
Arévalo dijo el lunes que sostuvo una reunión virtual con Blinken quien le expresó “la preocupación de su país por la situación en Guatemala”.
La presidenta del tribunal electoral, Irma Palencia, en rueda de prensa reconoció que nunca “imaginamos que iban a ocurrir” esas acciones legales, tras afirmar que “estamos dispuestos a continuar garantizando la voluntad de los ciudadanos” al elegir en las urnas a las nuevas autoridades para el periodo 2024-2028.
Ante los bloqueos, el ministerio del Interior aseguró en un comunicado que instruyó a la Policía Nacional Civil a utilizar la fuerza para disolver las medidas, aunque deben hacer un análisis para no “poner en riesgo la integridad física de quienes intervengan”.
