Hay niños y niñas desaparecidos en Centroamérica que llevan más de diez años en una base de datos internacional sin que nadie los haya encontrado. Sus fotografías, sus edades al momento de desaparecer, sus nombres: todo está registrado en el portal de notificaciones amarillas de Interpol, una herramienta que debería ser urgente y que en demasiados casos se ha convertido en archivo de lo irresoluble.
Los datos más recientes de la Organización Internacional de Policía Criminal revelan una fotografía regional que debería encender todas las alarmas. Las 1,352 notificaciones amarillas de menores desaparecidos activas en las Américas muestran que 788 de esos casos corresponden a Centroamérica, una concentración que convierte a esta franja de tierra entre dos océanos en una de las zonas de mayor riesgo para la infancia en todo el continente.
El Salvador figura en ese mapa con 14 casos activos. Es un número que, en apariencia, podría parecer manejable. No lo es.
Los catorce casos en El Salvador son tres varones y once niñas. Esa proporción —once de catorce son niñas— no es casual y no es única del país: refleja un patrón regional y global de vulnerabilidad diferenciada por género que las organizaciones de protección de la infancia llevan décadas documentando.
Pero el número 14 tiene una trampa metodológica enorme. Las notificaciones amarillas de Interpol son alertas emitidas por las autoridades nacionales ante el organismo internacional cuando existe la posibilidad de que el menor haya cruzado o pueda cruzar fronteras. No representan el universo de desapariciones: representan únicamente los casos que fueron denunciados, investigados y escalados al nivel de cooperación internacional. Es, en el mejor de los casos, la punta de un iceberg cuya base permanece sumergida.
La evidencia de ese subregistro es contundente. El sitio Ángel Desaparecido de la Fiscalía General de la República de El Salvador reporta 17 casos activos de menores desaparecidos, aunque los últimos datos disponibles en el sistema son de 2023, lo que evidencia una brecha de actualización de al menos dos años en el principal portal oficial de búsqueda del país. Un sistema que no se actualiza es, en términos prácticos, un sistema que no funciona.
La conexión entre desapariciones y violencia sexual en El Salvador tampoco puede obviarse. El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer informó de 643 atenciones por violencia sexual en 2023, más del 50% correspondientes a menores de 19 años, y entre enero y junio de 2024 se registraron 294 casos atendidos, con adolescentes entre los principales afectados. Además, el 15% de los femicidios recientes estuvo precedido por denuncias de desaparición. Ese dato es demoledor: una de cada siete mujeres asesinadas en El Salvador había sido reportada como desaparecida antes de ser encontrada sin vida. La desaparición no es siempre el final de la historia: a veces es el primer capítulo de una tragedia mayor.
Para comprender la magnitud real del fenómeno, El Salvador debe leerse dentro del cuadro centroamericano, donde los números son aún más estremecedores.
Honduras encabeza el total de difusiones amarillas en la región con 508 reportes de menores entre cero y 17 años, de los cuales 240 son varones y 268 son niñas. En ambos sexos, el número de casos aumenta significativamente entre los mayores de 12 años, siendo los adolescentes los más expuestos. Honduras es también el país centroamericano con mayor tasa de homicidios activa, con economías criminales que operan en zonas donde el Estado apenas tiene presencia, y donde el reclutamiento forzado de menores por estructuras del crimen organizado representa una amenaza real y documentada.
Guatemala ocupa el segundo lugar regional con 249 desaparecidos entre cero y 17 años: 109 varones, de los cuales 81 tenían menos de 12 años cuando desaparecieron, y 140 niñas, de las cuales 80 tenían 12 años o menos. El dato de que la mayoría de los niños guatemaltecos registrados desaparecieron antes de cumplir los 12 años debería estremecernos: son niños de primaria, de edades en las que aún duermen con ositos de peluche, que desaparecen en uno de los países más pobres del hemisferio.
Guatemala es, paradójicamente, también el país con la respuesta institucional más desarrollada de la región. El Sistema de Alerta Alba-Keneth opera como modelo regional para la búsqueda inmediata de menores desaparecidos. Desde su inicio en 2010, facilitó la localización de más de 85,200 niños, niñas y adolescentes. Solo en 2024 se activaron 6,970 alertas, con 5,894 casos resueltos y 1,076 alertas activas al cierre del año. Esos números revelan algo perturbador: que cuando hay un sistema funcional, los casos emergen a la superficie. La diferencia entre países con muchos y pocos casos registrados no es necesariamente que en unos desaparezcan más niños: es que en unos se denuncia más que en otros.
Costa Rica registra nueve casos activos en el portal de Interpol, pero su Organismo de Investigación Judicial reportó 2,204 denuncias de menores no localizados durante 2025, con un incremento sostenido desde 2020. El 89% de esos casos corresponde a mujeres adolescentes, especialmente entre los 15 y 16 años.
En Panamá, cada siete horas se reporta la desaparición de un menor de edad, según datos del Observatorio Caminando por la Infancia. En lo que va de 2026 se han reportado 856 menores desaparecidos, de los cuales 799 han sido ubicados y 57 permanecen en búsqueda activa. El contraste entre los 11 casos de Panamá en el portal de Interpol y las 856 desapariciones reportadas a nivel local en menos de cuatro meses de 2026 ilustra perfectamente la brecha entre lo que los sistemas internacionales ven y lo que realmente ocurre.
En Nicaragua, la crisis de desapariciones de menores permanece poco visible debido a la ausencia de datos públicos confiables. Organizaciones de derechos humanos reportaron al menos 200 desapariciones o secuestros entre 2021 y 2023; las cifras oficiales son inferiores y carentes de transparencia.
El escándalo detrás de los números no es solo el de las desapariciones: es el de lo que hay detrás de ellas. Entre febrero de 2025 y enero de 2026, Interpol ejecutó la Operación Eclipse, una intervención coordinada contra redes de producción y distribución de material de abuso sexual infantil en la región.
La operación, que abarcó nueve países —Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana— posibilitó el rescate de 65 menores víctimas de explotación sexual y la detención de 60 personas involucradas.
Los datos del perfil de las víctimas son un reflejo concentrado de la vulnerabilidad regional. La mayoría tenía entre cinco y 13 años, y aproximadamente el 80% eran del sexo femenino. Niñas de escuela primaria, en muchos casos víctimas de personas de su entorno inmediato. Las redes criminales identificadas contaban con la participación de personas cercanas a las víctimas: familiares, amigos, vecinos, educadores, pero también agresores en línea y turistas extranjeros.
Que el 80% de los agresores tuviera algún vínculo previo con la víctima es uno de los hallazgos más perturbadores del operativo. No son siempre extraños con furgonetas blancas. Son, con frecuencia alarmante, personas de confianza.
Los expertos en protección de la infancia son unánimes en un punto: los números que publica Interpol, por estremecedores que sean, no representan la realidad. Representan lo que se denuncia. Y en Centroamérica, las familias más vulnerables son también las que menos denuncian.
Las razones del silencio son múltiples y se refuerzan mutuamente. El miedo a represalias en comunidades controladas por el crimen organizado. La desconfianza histórica en las instituciones policiales y judiciales. La vergüenza social asociada a ciertos tipos de violencia. La ignorancia sobre los mecanismos de denuncia. Y, en algunos casos, la participación directa de familiares en la cadena de explotación.
Solo Guatemala dispone de legislación específica para menores desaparecidos y un sistema de notificación rápida. Costa Rica opera con un registro nacional, pero la mayoría de países de la región carece de marcos legales integrales y sistemas de gestión de casos. En ausencia de estructuras institucionales sólidas, las familias enfrentan la búsqueda de sus hijos casi en soledad.
El subregistro tiene también una dimensión migratoria. Una operación internacional coordinada por Interpol reveló un cambio en los flujos migratorios en el continente americano: mientras históricamente predominaban los desplazamientos hacia el norte, ahora se observa un incremento en el flujo sur. Este fenómeno acrecienta la presión sobre las rutas y facilita el surgimiento de nuevas formas delictivas. Los menores que se mueven a través de esas rutas —solos, con adultos no identificados, en condiciones de extrema vulnerabilidad— son invisibles para los registros oficiales de cualquier país.
En el contexto salvadoreño, la reducción dramática de la violencia de pandillas bajo el régimen de excepción ha eliminado uno de los principales vectores históricos de reclutamiento forzado de menores. Las maras que por décadas captaban niños a la fuerza en colonias y comunidades han sido desarticuladas operativamente, al menos en lo visible.
Pero la desaparición de un factor de riesgo no necesariamente equivale a la desaparición del riesgo. La pobreza, el desplazamiento familiar, la migración irregular y las redes de explotación sexual no tienen color de pandilla: operan en cualquier contexto de vulnerabilidad. Y El Salvador, pese a su transformación en seguridad, sigue siendo un país con profundas desigualdades estructurales que alimentan esa vulnerabilidad.
Las organizaciones de derechos humanos han documentado, además, desapariciones forzadas en el contexto del propio régimen de excepción, con más de 84,000 detenciones, muchas de ellas arbitrarias, y cientos de denuncias de torturas y muertes bajo custodia estatal. La categoría «desaparecido» en El Salvador tiene, desde 2022, una dimensión adicional que complica cualquier análisis limpio de los datos.
Lo que los 14 casos de Interpol dicen sobre El Salvador no es tranquilizador: dicen que el sistema de detección y reporte de menores desaparecidos sigue siendo insuficiente, que la Fiscalía actualiza sus datos con años de retraso y que, en un país que celebra sus transformaciones en seguridad, la infancia más vulnerable puede seguir desapareciendo sin que nadie active una alerta amarilla a tiempo.
El número 14 no es un logro. Es el límite de lo que el Estado alcanza a ver.
Nota elaborada con base en información de Interpol, Infobae, OIJ de Costa Rica, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Human Rights Watch, Amnistía Internacional, CEPAL, Fiscalía General de la República de El Salvador y el portal Missing Persons Platform del CICR. San Salvador / Lyon, 28 de abril de 2026
CONTEXTO: Una notificación amarilla de Interpol es una alerta policial de alcance mundial publicada a solicitud de los países miembros para ayudar a localizar personas desaparecidas, con frecuencia menores. Se activa cuando existe la posibilidad de que la persona desaparecida haya cruzado o pueda cruzar fronteras internacionales. No todas las desapariciones generan una notificación: solo aquellas que son denunciadas formalmente, investigadas y escaladas al organismo internacional por las autoridades nacionales.
