Cada día crece más el rechazo popular hacia los políticos y el gobierno en Guatemala, luego de que los legisladores trataran de reformar el Código Penal en su beneficio y se conociera de un sobresueldo de 61.000 dólares que durante nueve meses recibió el presidente Jimmy Morales de manos del ejército.
La izquierda del país, que no logró hacerse del Poder tras una cuenta guerra de más de 40 años, ni en las urnas electorales, se aprovecha del enojo de los ciudadanos y a pesar que los diputados, tanto como el presidente Morales dieron marcha atrás a sus acciones, la situación no se ha apaciguado y ahora grupos esporádicos que portan banderas rojas piden la renuncia del mandatario y miembros del Congreso.
Los diputados fueron golpeados con banderas rojas.
Analistas insisten que los grupos callejeros violentos, que el lunes agredieron a diputados al golpearlos con banderas rojas, son manipulados por personajes como Miguel Ángel Asturias hijo, Rigoberta Menchú, Gustavo Porras, Rolando Morán y el Comité de Unidad Campesina (CUC), liderado por Fidel Asencio y Aparicio Pérez.
La Universidad de San Carlos de Guatemala y la histórica Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), de corte comunista, lideran una manifestación y un paro nacional programados para el próximo miércoles 20 de septiembre. A la convocatoria se han unido las organizaciones sociales e indígenas y campesinas, también de izquierda y algunos negocios en la capital y varios departamentos. Los manifestantes tiene tres exigencias: la renuncia de 107 diputados al Congreso y del presidente y la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
A la presión local se han sumado las críticas externas, como Transparencia Internacional, a través de su organización en Guatemala, Acción Ciudadana.
La tensión comenzó hace unas semanas cuando la Fiscalía General y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) solicitaron retirar la inmunidad al presidente constitucional de Guatemala, Jimmy Morales para investigarlo supuestamente por financiamiento electoral ilícito. Tras la petición, el mandatario ordenó la expulsión del país del titular de CICIG, el abogado colombiano Iván Velásquez, lo que lo volvió blanco de críticas dentro y fuera del país. Finalmente, la Corte Constitucional detuvo la salida del país del comisionado.
Morales mantuvo la inmunidad gracias a que en el Congreso no se alcanzaron los votos necesarios para lo contrario y dos días después, con el voto de 107, de 158 legisladores, se reformó el Código Penal para aminorar la responsabilidad de políticos que cometieran financiamiento electoral ilícito. Aunque el viernes los mismos legisladores revirtieron el proceso, el descontento social no ha disminuido.
Los legisladores fueron protegidos hasta entrar al Congreso de Guatemala.
Para el analista Edgar Gutiérrez, “el rechazo popular va creciendo y no se ve ninguna actitud de respuesta, de resolver, ni del Congreso ni del gobierno, y se debe a la actitud del presidente y de un grupo radical que lo está asesorando”. Según el experto, la protesta que en redes circula como #ParoNacional y #20S.
