La Fiscalía General de la República (FGR) elevó a más de 300 millones de dólares los fondos supuestamente malversados por el expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009), por los que enfrenta un juicio, explicó uno de los fiscales del caso, previo al comienzo de la audiencia preliminar que se celebra este lunes.
Inicialmente, la Fiscalía acusó a Saca de malversar 246 millones de dólares del presupuesto estatal durante su mandato y lavarlo mediante varias empresas de comunicaciones con la colaboración de otros seis funcionarios.
«Son más de 300 millones de dólares», respondió escuetamente el fiscal, quien pidió el anonimato, al ser preguntado por periodistas sobre el monto cuestionado en el «dictamen acusación» presentado al Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, antes de la instalación de la audiencia.
El funcionario señaló que con dicho documento se presentaron las pruebas con las que «se acredita de la existencia de los delitos y la participación delincuencial de todos los imputados», acusados de peculado, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas.
Además de Saca, afrontan el proceso sus exsecretarios Privado, de Comunicaciones y de Juventud, Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente, a los que se suman Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera, quienes, según la Fiscalía ayudaron al exmandatario con la millonaria malversación.
Saca y sus excolaboradores fueron trasladados esta lunes hasta las instalaciones del Centro Judicial Isidro Meléndez de San Salvador para la instalación de la audiencia preliminar.
La institución sostiene que Saca y los demás implicados operaban una estructura en el interior de la Presidencia que movió los más de 300 millones de dólares a 14 cuentas personales de los funcionarios Charlaix, Rodríguez y Gómez, de las que posteriormente retiraron al menos 116 millones de dólares «en efectivo», de los que lavaron 6 millones.
Saca afronta otro proceso por supuestamente sobornar a una empleada judicial de la Cámara Primero de lo Civil, donde afronta un proceso civil, con 10.000 dólares para que le filtrara información.
El expresidente llegó al Gobierno bajo la bandera del partido de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y de donde fue expulsado en 2010.
