La Fiscalía General de la República (FGR) continuó con el proceso de embargo de 44 inmuebles de José Adán Salazar Umaña y de su familia, informó la institución. Umaña es acusado por la FGR de lavado de dinero y narcotráfico.
Los fiscales especializados procedieron a embargar las 44 propiedades para la extinción de dominio luego de que un tribunal diera luz verde al proceso, el imputado no ha sido vencido en juicio alguno, además, en abril de 2017, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, excluyó a José Adán Salazar Umaña, conocido como “Chepe Diablo”, de la lista de Nacionales y Personas Especialmente Designadas de acuerdo a la Ley contra los cabecillas de carteles (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act en inglés).
El Presidente de los Estados Unidos identificó a José Adán Salazar Umaña como un narcotraficante extranjero significativo (también conocido como Tier I Kingpin) el 30 de mayo de 2014 debido a información que en ese momento proporcionaba razón para creer que él tenía un papel significativo en el narcotráfico internacional, dicha información fue originada desde El Salvador y algunos especialistas creen que es respuesta de un Cártel de las Harinas que encontraba las operaciones de las empresas de Umaña como “incómodas”.
Después de haber sido incluido en la lista de OFAC, Salazar Umaña solicitó a OFAC que revisara su caso. El criterio clave de la OFAC para mantener a una persona en la lista es que la información de la participación en la actividad de narcotráfico sea continua.
En el curso de la nueva investigación, la OFAC encontró que la información actual era insuficiente para apoyar el fundamento que él sigue desempeñando un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos (por ejemplo, al mismo nivel del Cartel de Sinaloa de México o Los Cachiros de Honduras).
A pesar de esto, la FGR ha continuado la persecución contra Salazar Umaña y en esta ocasión detalló que
dichos inmuebles se encuentran en diversas localidades de los occidentales departamentos de Sonsonate, Ahuchapán y Santa Ana, zona donde los fiscales insisten que opera la estructura de narcotráfico que supuestamente encabeza el imputado.
Los bienes forman parte del grupo de 81 inmuebles sobre los que inició la extinción de dominio a mediados de enero pasado, pese a que el proceso penal contra estas personas se encuentra en etapa de instrucción, es decir que no han sido encontrados culpables de ningún delito, para que pasen a poder del Estado.
La Fiscalía acusa a Salazar Umaña, alías «Chepe diablo», y sus colaboradores de lavar 215 millones de dólares a través de empresas de «papel», incluida una sociedad vinculada al vicepresidente Óscar Ortiz.
El grueso del capital supuestamente blanqueado está concentrado en las empresas Hotesa S.A. de C.V., que reúne 7 hoteles, y Agroindustria Gumarsal, una de las principales proveedoras de harinas y granos básicos del país, con 6,1 y 177,1 millones de dólares, respectivamente, de acuerdo con la Fiscalía.
Tras la detención de Salazar Umaña, el fiscal general, Douglas Meléndez, no descartó la posibilidad de presentar ante los tribunales una acusación por narcotráfico, dado que es considerado el jefe del Cártel de Texis, en referencia a la occidental localidad de Texistepeque y que opera en el norte de Centroamérica, sin embargo, a un año de haberlo capturado, la Fiscalía aún no ha sido capaz de montar un caso solido contra él.
