La Fiscalía General de la República (FGR) acusó el domingo al Ejecutivo de usurpar facultades de la Asamblea Legislativa por decretar una prórroga de un mes al estado de emergencia por la pandemia de coronavirus, y presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.
«Un estado de emergencia decretado por el presidente de la república debe ser sometido a control de la Asamblea Legislativa», advirtió la Fiscalía General de la República en un comunicado.
El titular de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, Conan Castro, la medianoche del sábado, supuestamente amparado en una ley de Protección Civil, anunció la prórroga del decreto de Estado de Emergencia que finalizaba, luego de que el jueves la Asamblea Legislativa declinó votar para extenderlo.
Para la FGR, el anuncio del gobierno del presidente Nayib Bukele «resulta un acto de usurpación de facultades».
«Todos los Presidentes en la historia democrática de nuestro país han tenido la facultad de declarar Estado de Emergencia y la han ejercido, sin aprobación legislativa», espetó Bukele en Twitter.
«¿Se le impedirá por primera vez, a un presidente, ejercer esa facultad vital del Sistema de Protección Civil?», agregó.
El Ejecutivo de Bukele excusa la prórroga del Estado de Emergencia para preservar la salud de la población cuando el país está supuestamente a «días del colapso» por el incremento de casos de COVID-19.
El estado de emergencia, aprobado el pasado 30 de abril por la Asamblea Legislativa, expiró la noche del sábado por lo que, amparándose en un artículo de la Ley de Protección Civil, el gobierno lo prorrogó a partir de la hora cero del domingo, con vigencia de un mes, pasando por encima de una atribución que solo corresponde al Poder Legislativo.
En virtud de la ilegalidad actuada por el Ejecutivo, la Fiscalía adelantó que presentaría una «demanda de inconstitucionalidad» ante la Corte Suprema de Justicia «contra el decreto ejecutivo que establece un nuevo estado de emergencia», lo que hizo el domingo.
La petición del Ministerio Público consiste en que se suspenda la aplicación del decreto ejecutivo 18, emitido por la presidencia de la República, y que fue publicado en el diario oficial con fecha 16 de mayo.
La Asamblea Legislativa no está imposibilitada para reunirse en estos momentos por lo que tiene «legitimidad legal y constitucional para analizar el estado de emergencia», consignó la Fiscalía.
El secretario Castro reaccionó en contra del punto de vista fiscal y manifestó en una rueda de prensa el domingo por la tarde que «La Asamblea se puede reunir en cualquier momento pero no se reunió», aceptando que no hay «receso» en el Legislativo.
El estado de emergencia faculta al gobierno a restringir la libertad de tránsito y reunión de personas, entre otros derechos, mantiene suspendidas las clases y difiere el pago de servicios de agua, electricidad y teléfonos, pero más importante es para el Gobierno que le permite utilizar fondos a discreción mientras dure la pandemia.
«Una suspensión de derechos únicamente se puede realizar mediante ley formal emitida por la Asamblea Legislativa, por lo que el decreto ejecutivo anunciado podría exceder sus competencias», le aclaró la FGR al Ejecutivo.
Nayib Bukele convocó a una Cadena Nacional de Radio y Televisión para el domingo por la noche en la que se espera confirme o rectifique su postura con respecto a lo actuado.
