El gobierno de Donald Trump, de duro discurso anti-inmigración, canceló el viernes un permiso de residencia temporal para unos 57.000 hondureños, el mismo día que reportó un aumento de la llegada de indocumentados en la frontera con México, donde señaló una «continua crisis de seguridad».
El Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras, concedido tras el devastador huracán Mitch en 1999, finalizará a partir del 5 de enero de 2020, dijo la secretaria del Departamento de Seguridad Interior (DHS), Kirstjen Nielsen.
Nielsen consideró que «el trastorno de las condiciones de vida» provocadas por Mitch ya no es «sustancial» como para ameritar el programa, creado por el Congreso estadounidense en los años 1990 para amparar a inmigrantes que por desastres naturales o conflictos armados no podían regresar de manera segura a sus países.
El TPS para Honduras había sido renovado por periodos de 18 meses, pero el 5 de enero pasado solo fue extendido por seis meses. Por ley, la prórroga o suspensión debe ser comunicada 60 días antes de que el permiso caduque.
El DHS llamó a una «transición ordenada» y recordó que los hondureños con TPS aún pueden recibir otros beneficios migratorios en Estados Unidos.
El gobierno hondureño, que había gestionado ante Washington una nueva renovación del TPS, lamentó «profundamente» la cancelación.
Afecta a «personas de bien, que se han integrado plenamente a la vida norteamericana, adoptando sus costumbres y tradiciones y contribuyendo de manera significativa a la economía y sociedad de ese país, manteniendo una excelente conducta, trabajando arduamente y siendo respetuosos de las leyes», indicó la cancillería en una nota.
Se estima que más de un millón de hondureños viven en Estados Unidos, la mayoría indocumentados, y unos 57.000 están amparados por el TPS, según cifras oficiales estadounidenses.
Honduras recibió remesas por más de 4.300 millones de dólares en 2017, equivalente a 19,5% del Producto Interno Bruto (PIB), según un reporte reciente del centro de estudios Diálogo Interamericano.
– «Costo» para refugiados de Venezuela –
Defensores de derechos humanos condenaron la decisión, recordando que Honduras es uno de los países más violentos del mundo, sumido desde diciembre pasado en una gran inestabilidad política tras las contestadas elecciones presidenciales.
«Honduras no se ha vuelto más seguro, se ha vuelto más peligroso en los últimos seis meses», dijo Geoff Thale de la ONG WOLA.
«Para muchas personas la decisión de cancelar el TPS es una sentencia de muerte», señaló Francisco Quintana, de Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Tom Jawetz, del Center for American Progress, advirtió del riesgo de separación familiar de hondureños que han vivido en Estados Unidos durante un promedio de 22 años y son padres de unos 53.000 niños estadounidenses.
«Expulsar a estos contribuyentes de la fuerza laboral le costaría al país más de 31.000 millones de dólares en pérdidas del PIB durante los próximos 10 años», añadió.
En Latinoamérica, el gobierno de Trump ya finalizó el TPS para El Salvador, Nicaragua y Haití, poniendo a más de 300.000 personas en riesgo de deportación, según activistas.
El experto en seguridad nacional Dan Restrepo alertó incluso del «costo estratégico adicional» en momentos en que Washington promueve un frente regional unido para enfrentar la «creciente crisis humanitaria» en Venezuela.
«Después de esta decisión, esta administración tiene incluso menos credibilidad», dijo.
– Caravana en frontera mexicana –
El gobierno de Trump reveló el viernes un aumento de la inmigración ilegal en la frontera con México, una situación que tildó de «crisis de seguridad» y que motivó un nuevo llamado del presidente a levantar su prometido muro limítrofe con sus vecinos del sur.
«Nuestra frontera sur está bajo asedio. El Congreso debe actuar ahora para cambiar nuestras leyes de inmigración débiles e ineficaces. Debe construir un muro. ¡México, que tiene un problema de delincuencia masivo, está haciendo poco para ayudar!», tuiteó.
El DHS dijo que 50.924 personas fueron detenidas en abril por intentar ingresar ilegalmente a Estados Unidos, el nivel más alto para ese mes desde 2014. Esto supone 600 personas más que en marzo pasado y 15.766 más que abril de 2017, cuando la inmigración cayó tras la llegada de Trump al poder.
