Ingrid Escobar, abogada y directora de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH), dijo a periodistas el lunes que es preocupante que Estados Unidos y El Salvador hayan obviado una orden judicial que prohibía el envío de presuntos delincuentes venezolanos a una prisión de mkáxima seguridad salvadoreña, principalmente porque «en El Salvador hay una enorme debilidad institucional».
«En el sistema carcelario hay torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, muertes extrajudiciales. No hay respeto», indicó.
Para Escobar, esta acción representa una «violación» de la «soberanía» salvadoreña, dado que no se ha dado el proceso de aprobación por la Asamblea Legislativa, como ordena el “debido proceso”.
La abogada opinó que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, «estaría amarrado a ser complaciente» con el Gobierno de Estados Unidos por los señalamientos que han existido de un pacto entre su Administración y las pandillas, lo que ha llevado a que algunos de sus funcionarios hayan recibido sanciones.
Dijo que con el envío de integrantes de la Mara Salvatrucha (MS13), entre ellos dos cabecillas, «hay un claro objetivo, que no se conozca la tregua entre Bukele y las pandillas».
En cuanto al beneficio económico que el encarcelamiento de los venezolanos generaría a El Salvador, Escobar dijo que «Bukele tiene las finanzas del país quebradas», por lo que el Gobierno se encuentra en la búsqueda constante de recursos para cubrir sus «enormes necesidades».
Noah Bullock, director de la organización humanitaria Cristosal, aseguró que el Gobierno salvadoreño «está bajo presión» del Fondo Monetario Internacional (FMI) «para implementar medidas de austeridad», por lo que «están despidiendo profesores de las escuelas, personal médico, están agarrando de las pensiones para financiar las actividades de Gobierno y tiene que mantener al 2 % de la población privada de libertad de manera indefinida, que es un costo enorme».
«El beneficio no es necesariamente para la población, es para un Gobierno que no ha sabido administrar bien los recursos y creo que apostar a crear una industria carcelaria, como un modelo de desarrollo económico para el país, no es de beneficio para los sectores más necesitados», concluyó.
Documentos filtrados de la Cancillería salvadoreña, muestran que Estados Unidos estaría pagando a El Salvador seis millones de dólares el primer año.
En una publicación de X el domingo, Bukele aseguró que «Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero una tarifa alta para nosotros», lo que «contribuirá a la autosostenibilidad de nuestro sistema penitenciario», que «actualmente, cuesta 200 millones de dólares al año».
