El empresario Enrique Rais reiteró este jueves que nadie puede ser escuchado sin la autorización de un juez de instrucción sin que sean violados sus derechos humanos y sus garantías constitucionales.
Rais se refirió a la Ley Especial para la Intervenciones Telefónicas LEIT que establece claramente que no se puede escuchar a nadie sin la autorización de un juez de instrucción so pena de infringir y hacerse merecedor de las sanciones que establece la ley.
Tal como consta en autos, los abogados de Rais han demostrado reiteradamente que en el caso de su defendido jamás fue solicitada autorización alguna para que intervinieran sus telecomunicaciones, entre otras cosas, porque este no era ni es responsable de haber cometido ningún ilícito que justificara esa medida. Además en el informe de finalización de actividades del Centro de Intervenciones Telefónicas de la Fiscalía General de la República (FGR) correspondiente al mes de abril del 2015, no existe ninguna referencia hacia Enrique Rais.
Los abogados del empresario emitieron un comunicado a medios periodísticos según el cual Rais asegura que no existe ninguna solicitud a un juez de instrucción “porque todo (el caso) fue fabricado en agosto de 2016″
”En otra segunda información revelaré porqué y quiénes están intentando desesperadamente inculparme”, agregó el empresario.
Por otra parte, el abogado José David Campos Ventura, defensor de Rais, solicitó una nueva audiencia la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, para exponerle de viva voz las ilegalidades y violaciones a los Derechos Humanos y garantías constitucionales que se han cometido en contra de su cliente.
Esta es la segunda vez, en el transcurso del año, que el profesional Campos Ventura pide a la Procuradora Caballero le conceda una audiencia para exponerle el caso del empresario Rais y reiterarle “las graves violaciones” al debido proceso en el juicio que ilegalmente se le sigue a su defendido.
Campos Ventura ha demostrado reiteradamente ante el tribunal que conoce del caso Rais-Martínez, que el proceso judicial contra su representado se fundamenta en “prueba ilegal” ya que el ex director del Centro de Intervención a las Telecomunicaciones, Sigfredo Campos Crespo, intervino el teléfono del empresario sin la autorización judicial necesaria por parte de un juez de instrucción, tal y como manda la Ley Especial de Intervención a las Telecomunicaciones (LEIT) y queda en evidencia en las resoluciones que forman parte del expediente de este caso.
El abogado asegura que se ha vulnerado el derecho a la seguridad jurídica del empresario incumpliendo el artículo 23 de la LEIT, que ordena que se destruyan las escuchas telefónicas y cualquier otro tipo de intervención a las telecomunicaciones, seis meses después que se dieron por terminadas sin que se haya ninguna acusación judicial.
Campos solicita en el comunicado asimismo a la Procuradora para la defensa de los Derechos Humanos que de cumplimiento de fiscalización y auditoría general y específica al Centro de Intervención a las Telecomunicaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), ya que también se rompió la cadena de custodia, lo cual no ha sido investigado.
