Dos empleados de la Fiscalía General de la República (FGR), que dieron persecución ilegal a la abogada Silvia Dolores Escobar Bonilla de Navarro, defensora del caso Rais- Martínez, enfrentarán un proceso judicial.
Los imputados son Roberto Carlos Mejía Hernández y Julio Ernesto Ramírez Díaz, ambos empleados de la FGR.
La audiencia inicial por el delito tipificado como Registro y Pesquisas Ilegales en perjuicio de la licenciada Silvia Dolores Escobar Bonilla de Navarro, defensora del empresario Enrique Rais, se llevará a cabo el próximo martes 12 de septiembre a las nueve de la mañana en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
El Juzgado también citó a la abogada Silvia Bonilla para que se presente a la diligencia judicial en calidad de víctima.
“Hemos sido amenazados por los fiscales que llevan el caso, se nos ha informado que nos van a procesar a nosotros por hacer pública toda esa información del proceso, sobre las ilegalidades que hay”, acusó la abogada Silvia de Bonilla la semana pasada con respecto a las amenazas y persecución de la que es víctima.
También los abogados José David Campos Ventura y Hernán Cortez denunciaron ser acosados, amenazados y perseguidos por la FGR, debido a que han dado a conocer una serie de inconsistencias e ilegalidades en el proceso que se sigue contra el empresario Enrique Rais López, su sobrino Hugo Ernesto Blanco Rais y Wilfredo Ayala.
Los defensores de Rais hicieron pública una carta dirigida a los embajadores de Brasil, Canadá, Alemania, España y Estados Unidos, quienes sostuvieron una reunión con el fiscal general Douglas Meléndez el pasado 6 de septiembre, para advertirles que fueron convertidos en “interlocutores involuntarios de una versión parcializada de hechos que competen a la Justicia salvadoreña”.
“En dicha reunión, faltando a reglas básicas de la diplomacia, el fiscal general introdujo el tema de recientes amenazas hacia su persona en las que una supuesta ‘estructura delictiva’, lo conminaba a que saliera del país y abandonara su cargo”, advirtieron en el escrito.
En este sentido, los abogados manifiestan que son falsos los señalamientos del Fiscal respecto a las amenazas y atentados que habría recibido en su contra.
“Lo que en realidad pretende el fiscal, es victimizarse y preparar el camino para que otras potencias extranjeras realicen el trabajo que a los salvadoreños por mandato de ley corresponde. De igual manera, presionar al juez octavo de Instrucción que conoce del caso en mi contra y favorecer así, a los ciudadanos italo-canadieses, Matteo Pasquale y Franco Pacetti a quienes he denunciado por los delitos de Extorsión”.
Los abogados recomiendan a los embajadores que “se avoquen al tribunal 8 de Instrucción de San Salvador quien conoce del llamado caso Rais-Martínez, el cual no tiene reserva y está abierto a todos, Referencia 421-UDAJ-14 para conocer, prima fase, el contenido del proceso y así tener una visión directa del tema y no parcializada”, reza el escrito.
