El Salvador reabrirá el caso de la masacre de los jesuitas

La Fiscalía General de la República reabrirá el caso del asesinato, en 1989, de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, tras la decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de invalidar un sobreseimiento a los militares implicados.

En un fallo, la Sala, integrada por magistrados oficialistas obedientes a la presidencia de la República, declaró «ha lugar el amparo» solicitado por el fiscal general Rodolfo Delgado, también colocado en el puesto por el oficialismo, en contra de una resolución dictada el 8 de setiembre de 2020 por una Sala de lo Penal de la misma Corte, entonces independiente.

Esa resolución la Sala de lo Penal tuvo como efecto «la vulneración de los derechos a la protección jurisdiccional (…) y a conocer la verdad, por haber aplicado injustificada e inconstitucionalmente una causa de extinción de la responsabilidad penal», indicó la Sala de lo Constitucional en su fallo.

En esa oportunidad, la Sala de lo Penal declaró «la nulidad absoluta del proceso penal» que se le seguía a varios militares argumentando razones de «prescripción de la acción penal».

Una comisión de la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, dio luz verde a la propuesta de Nayib Bukele para que pueda ser aprobada.

Fiscal general: «vamos a perseguir a los responsables»
Tras la decisión de la Sala de lo Constitucional, el fiscal general anunció que «el caso será reabierto».

«Por años, tantas voces nacionales e internacionales reclamaron justicia en el caso jesuitas», afirmó Delgado mediante su cuenta de Twitter, y aseguro que «vamos a perseguir a los responsables, para lograr justicia ante estos viles asesinatos».

El asesinato de los sacerdotes y dos colaboradoras, fue un crimen político cometido en el marco de la guerra civil (1980-1992).

Delitos «imprescriptibles»
En noviembre pasado, cuando decidió admitir la demanda de la Fiscalía en que pedía anular el sobreseimiento a los militares implicados en el asesinato, la misma Sala de Constitucional estimó que la Sala de lo Penal declaró la prescripción del proceso penal en el caso jesuita, «pese a tratarse de crímenes de lesa humanidad, los cuales son «imprescriptibles».

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de una ofensiva guerrillera sobre San Salvador, efectivos del ahora proscrito batallón Atlacatl cometieron el asesinato en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).

Las víctimas, en su mayoría líderes intelectuales de la entonces beligerante guerrilla, fueron el hispano-salvadoreño Ignacio Ellacuría (rector de la UCA), los españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, el salvadoreño Joaquín López, la cocinera Elba Ramos y su hija Celina.

En septiembre de 1991, un tribunal de San Salvador juzgó a nueve militares que figuraban como autores materiales sin tomar en cuenta a los autores intelectuales, según organismos humanitarios. Se trataría de militares de alto rango de la época.

El juicio en España
Ante la falta de justicia en El Salvador, familiares de los sacerdotes impulsaron en 2009 un juicio en España.

Basándose en el principio de la justicia universal, en septiembre de 2020 la Audiencia Nacional de España condenó al coronel Inocente Orlando Montano a 133 años y cuatro meses de cárcel por el asesinato de cinco jesuitas españoles, aunque no podrá estar recluido más de 30 años, según la ley de ese país.