El Salvador cumplió el domingo una semana en régimen de excepción —que limita algunos derechos constitucionales a los ciudadanos—, con el presidente Nayib Bukele en la mira de la oposición, organizaciones no gubernamentales, de derechos humanos y la comunidad internacional, que se han mostrado preocupadas por la situación del país.
Los salvadoreños tienen suspendidos —hasta el 27 de abril— los derechos de reunión, asociación, defensa en un proceso penal e inviolabilidad de las telecomunicaciones.
Esta medida extraordinaria se tomó después de que se perpetraron 62 homicidios el sábado 26 de marzo, que se convirtió en el día más mortífero en la historia reciente del país.
La cifra de asesinatos se comenzó a estabilizar el 29 de marzo al no registrarse homicidios, de acuerdo con la Policía Nacional Civil (PCN).
El sábado se reportaron dos asesinatos, uno de ellos a un pandillero que atacó a un agente de la PNC, informó la corporación oficial.
A una semana de instaurado el estado de excepción se reportan unos 4.500 capturados miembros de pandillas, mientras que organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch (HRW) han manifestado su preocupación por la posible violación a derechos humanos durante dicho periodo.
Dicha organización solicitó una reunión con el presidente Nayib Bukele para abordar la situación de los derechos humanos en El Salvador, según se dio a conocer el sábado, el gobierno no diómrespuesta a la solicitud.
La directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk, publicó en Twitter la imagen de la carta dirigida al mandatario salvadoreño y con fecha del 2 de abril.
«Le solicité (al presidente Nayib Bukele) una reunión para conversar sobre la preocupante situación de derechos humanos en El Salvador y los desafíos del país en materia de seguridad», escribió Taraciuk.
Amnistía Internacional (AI) señaló, en una carta dirigida al mandatario, que el régimen de excepción «contraviene» normas internacionales de derechos humanos, ya que «no pueden ser restringidos, ni aun en caso de estado de excepción, elementos tales como el debido proceso y las garantías judiciales».
AI pidió al Gobierno y al Estado que garanticen los derechos de las personas privadas de libertad, entre los que destacan el derecho a la integridad personal y a no ser sometidos a torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En ningún momento la organización ha mencionado a las víctimas de las pandillas.
El presidente Bukele ordenó la noche del sábado al director de Centros Penales, Osiris Luna, que los detenidos que se encuentran en las bartolinas (calabozos) policiales sean trasladados a penales.
«Señor Director, hay que trasladar muchos más reos y así tener suficiente espacio en las bartolinas para todas las capturas que se vienen. Coordine con la @PNCSV más traslados a los penales y mantengan las bartolinas vacías para volverlas a llenar», publicó Bukele en Twitter.
Ante la solicitud del presidente, Luna respondió: «De inmediato cumplimos esa orden Señor Presidente @nayibbukele, vamos a seguir trabajado 24 horas para poder vaciar inmediatamente las bartolinas y meter más criminales a la cárcel».
El Gobierno, que es acusado por Estados Unidos y señalado en investigaciones periodísticas de haber sostenido una supuesta negociación con las pandillas, no ha explicado las causas que habrían generado la ola de violencia homicida.
El Ejecutivo atribuye los homicidios a las pandillas, principalmente a la Mara Salvatrucha (MS13), y ha incrementado los operativos militares y policiales en diferentes barrios populosos dominados por las maras, los cuales han dejado miles de detenidos.
De acuerdo con Bukele, las pandillas poseen unos 70.000 miembros en El Salvador, de los que 16.000 (ahora casi 21 mil) se encuentran encarcelados.
