La deuda del gobierno con los fondos previsionales en El Salvador, que son propiedad de los trabajadores, se elevó en cerca de 300 millones de dólares en los primeros dos meses del 2024, de acuerdo con datos oficiales.
Datos del Banco Central de Reserva (BCR) indican que el total de la deuda llegó a 9.794,31 millones de dólares hasta febrero pasado, 299,74 millones más que los 9,494,57 millones de diciembre de 2023.
Solo los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), títulos valores emitidos por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), creación reciente del Gobierno de Nayib Bukele, llegaron a 1,397,50 millones de dólares.
Los COP son un instrumento mediante el cual el Estado presta recursos a las administradoras de fondos de pensiones (AFP), en las que los salvadoreños con empleo formal están obligados a aportar mensualmente, para pagar a los jubilados del sistema público y supuestamente hacer un ahorro para su pensión propia.
Estos dineros se suman a la deuda de 8,396,81 millones de dólares en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), que sustituyeron a otros instrumentos para extender su plazo y, según informó la agencia de calificación Standard & Poor’s en mayo de 2023, por los que no se pagará intereses ni capital durante 4 años, minando las pensiones de los trabajadores.
Barclays -compañía de servicios financieros con sede en Londres- publicó un documento en el que habría manifestado sospechas de «que el sistema de pensiones está financiando al Gobierno a través de planes de préstamos a través del nuevo organismo de pensiones, ISP, y bancos comerciales»,en detrimento de los fondos de los pensionados.
En diciembre de 2022, la Asamblea Legislativa, bajo el control del presidente Nayib Bukele, aprobó la Ley Integral del Sistema de Pensiones y, a pesar de las solicitudes de nacionalización de algunos sindicatos, dejó el manejo de los recursos a cargo de las administradoras privadas de pensiones, las cuales le autorizaron al Gobierno meter mano en dichos fondos.
En esas fechas el Congreso también aprobó la Ley Especial para la Emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales, que indica que la deuda generada con los COP es responsabilidad del autónomo Instituto Salvadoreño de Pensiones.
Dicha ley obliga a las AFP a «adquirir con los recursos de los fondos de pensiones que administran, la totalidad de los COP de cada emisión».
