El FMI no se ha ido de El Salvador, el acuerdo sigue vigente, pero las revisiones segunda y tercera continúan pendientes. De los $1,400 millones disponibles durante 40 meses, el FMI solo ha desembolsado alrededor de $231 millones. El retraso ya tiene efectos financieros y mantiene bajo escrutinio la capacidad del Gobierno para cumplir las reformas pactadas
El Fondo Monetario Internacional (FMI) no ha anunciado una ruptura de su relación financiera con El Salvador ni ha cancelado el acuerdo de $1,400 millones aprobado en febrero de 2025. Sin embargo, el programa atraviesa un prolongado retraso que ha dejado al país sin nuevos desembolsos durante meses y mantiene pendientes varias de las revisiones que condicionan la entrega de los recursos.
La situación ha alimentado la percepción de que el FMI se ha alejado del país. Los datos oficiales muestran una realidad más compleja: el organismo continúa negociando con el Gobierno salvadoreño, pero el calendario original del programa se ha desfasado considerablemente.
En junio de 2025, el Directorio Ejecutivo del FMI completó la primera revisión y autorizó un desembolso de aproximadamente $118 millones, con lo que los recursos entregados hasta entonces ascendieron a unos $231 millones.
Desde entonces, el siguiente tramo del programa no ha sido liberado.
¿Dónde están los $1,400 millones?
El acuerdo de Servicio Ampliado del FMI (SAF/EFF) fue aprobado por el Directorio Ejecutivo el 26 de febrero de 2025 por un monto equivalente a 1,033.92 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), aproximadamente $1,400 millones, para un período de 40 meses.
Pero los $1,400 millones no constituyen un desembolso único.
El dinero está condicionado al cumplimiento de metas y a la aprobación periódica de las revisiones del programa.
El calendario original establecía:
| Revisión | Fecha prevista originalmente | Desembolso previsto |
|---|---|---|
| Aprobación del programa | Febrero 2025 | ≈ $113 millones |
| Primera revisión | Mayo 2025 | ≈ $118 millones |
| Segunda revisión | Septiembre 2025 | ≈ $118 millones |
| Tercera revisión | Marzo 2026 | ≈ $157 millones |
| Cuarta revisión | Septiembre 2026 | ≈ $157 millones |
| Quinta revisión | Marzo 2027 | ≈ $235 millones |
| Sexta revisión | Septiembre 2027 | ≈ $255 millones |
| Séptima revisión | Marzo 2028 | ≈ $255 millones |
Las cantidades en dólares son aproximaciones, porque el acuerdo está denominado en DEG. El calendario oficial establece expresamente que cada desembolso depende de la culminación de la revisión correspondiente y del cumplimiento de los criterios de desempeño.
El problema es evidente: la segunda revisión estaba prevista para septiembre de 2025 y todavía no había sido completada al entrar en agosto de 2026.
Y la tercera revisión, originalmente prevista para marzo de 2026, también continúa pendiente.
El dinero dejó de fluir después de la primera revisión
Los registros del Ministerio de Hacienda citados por la prensa económica salvadoreña sitúan los desembolsos efectuados por el FMI en alrededor de $232.5 millones durante 2025. El país esperaba recibir un tercer desembolso, pero la segunda revisión nunca concluyó dentro del plazo originalmente establecido.
Esto significa que el problema no consiste en que el FMI haya decidido unilateralmente cerrar el crédito.
El mecanismo funciona de otra manera: sin revisión aprobada, no hay autorización para el siguiente desembolso. El propio acuerdo establece esa relación entre evaluación y financiamiento.
Por ello, los recursos que no han llegado no pueden considerarse simplemente “dinero retenido” por el Fondo. Son recursos disponibles dentro del programa, pero condicionados al cumplimiento de las metas pactadas.
¿Por qué se retrasó la segunda revisión?
La documentación y los reportes publicados durante los últimos meses apuntan a varios asuntos que han requerido negociaciones adicionales entre el Gobierno y el FMI.
Entre ellos aparecen:
- la reforma del sistema de pensiones;
- la consolidación fiscal;
- la reforma del servicio civil;
- gobernanza y transparencia;
- eficiencia del gasto público;
- fortalecimiento de la supervisión financiera;
- reducción de los riesgos relacionados con Bitcoin;
- disminución de la participación estatal en Chivo.
El FMI señaló en su primera revisión que El Salvador había avanzado en varias áreas, incluyendo la aprobación de una Ley de Sostenibilidad Fiscal, medidas sobre contratación pública y mayor publicación de información financiera y contractual. También indicó que continuaban las medidas para reducir los riesgos asociados con Bitcoin y desmontar la participación pública en Chivo.
Sin embargo, otras reformas estructurales han avanzado con mayor lentitud.
La prensa económica reportó que la segunda revisión, originalmente prevista para septiembre de 2025, seguía pendiente debido a retrasos en compromisos relacionados con pensiones, gobernanza y otros componentes del programa.
Bitcoin sigue siendo una de las piezas sensibles
El programa del FMI no exige simplemente que El Salvador deje de utilizar Bitcoin.
El compromiso es más específico: limitar la exposición financiera del sector público a Bitcoin y reducir los riesgos derivados del proyecto estatal.
En la primera revisión, el FMI señaló que el stock de Bitcoin del sector público había permanecido sin cambios desde la aprobación del programa y que las autoridades debían continuar reduciendo la participación estatal en Chivo.
Este punto resulta particularmente sensible porque la estrategia gubernamental de acumulación de Bitcoin continuó generando interrogantes sobre cómo se contabilizan y administran los activos digitales bajo control público.
La transparencia sobre las operaciones con criptomonedas forma parte de los asuntos que el Fondo ha identificado como relevantes para la continuidad del programa.
La reforma de pensiones es otro punto crítico
El sistema previsional constituye uno de los mayores desafíos estructurales para las finanzas públicas salvadoreñas.
El propio programa del FMI contempla reformas destinadas a mejorar la sostenibilidad del sistema y reducir la presión que los compromisos previsionales ejercen sobre el Estado.
En el calendario de reformas estructurales publicado por el FMI aparece la elaboración de una propuesta de reforma previsional basada en recomendaciones técnicas del organismo.
Los retrasos en este componente han sido señalados por economistas salvadoreños como uno de los obstáculos para avanzar hacia las siguientes revisiones.
No se trata solamente de una condición administrativa.
El problema previsional tiene consecuencias directas sobre el déficit y la deuda pública, por lo que cualquier retraso en su solución dificulta la consolidación fiscal que constituye uno de los pilares del acuerdo.
El costo de permanecer fuera de calendario
El retraso tiene consecuencias que van más allá de los dólares que todavía no han llegado.
Uno de los efectos más visibles se produjo en el mercado de deuda.
En abril de 2024 El Salvador emitió $1,000 millones en bonos con vencimiento en 2030, acompañados por instrumentos cuyo rendimiento estaba condicionado, entre otros factores, al cumplimiento de una denominada prueba macroeconómica relacionada con el programa del FMI o con la mejora de las calificaciones crediticias.
Al no haberse completado una nueva revisión del programa dentro del período correspondiente, El Salvador tuvo que asumir un costo adicional.
El vicepresidente de créditos soberanos de Moody’s, Jaime Reusche, confirmó que en abril de 2026 el país pagó alrededor de $18 millones adicionales en intereses debido al incumplimiento de las condiciones del denominado macrotest.
Es un dato especialmente relevante.
El retraso del acuerdo no solo significa que no llegan nuevos recursos del FMI; también puede encarecer el financiamiento obtenido en los mercados internacionales.
Y esos costos terminan incorporándose a las necesidades financieras del Estado.
El problema es que el financiamiento alternativo tampoco es gratuito
Ante la ausencia de nuevos desembolsos del FMI, El Salvador ha continuado utilizando otras fuentes de financiamiento.
Esto es importante porque demuestra que el país no se encuentra sin acceso al crédito internacional.
El Banco Mundial, por ejemplo, aprobó en 2026 nuevos financiamientos para El Salvador, incluyendo recursos destinados a educación y acceso al crédito para micro, pequeñas y medianas empresas.
Otros organismos multilaterales también mantienen operaciones con el país.
Por tanto, sería incorrecto afirmar que el “cierre” del FMI ha paralizado toda la financiación internacional.
El problema es diferente:
el país está dejando de recibir precisamente los desembolsos vinculados al programa del Fondo y debe compensar ese espacio financiero mediante otras fuentes.
¿Se han dejado de financiar proyectos nacionales?
Aquí también es necesario establecer una diferencia.
Los recursos del FMI no funcionan normalmente como préstamos destinados a construir una carretera, un hospital o una escuela específica.
El financiamiento del Fondo está fundamentalmente orientado a respaldar la posición financiera del país, fortalecer las reservas y apoyar la estabilidad macroeconómica y fiscal.
Por ello, no sería correcto afirmar que un determinado proyecto de infraestructura salvadoreño quedó paralizado exclusivamente porque no llegó un desembolso del FMI.
Pero existe una consecuencia indirecta.
Cuando un Estado recibe financiamiento externo concesional o relativamente favorable, puede disponer de mayor margen para administrar sus necesidades financieras generales.
Si esos recursos no llegan, el Gobierno debe buscar sustitutos: deuda interna, emisiones internacionales, otros organismos multilaterales o mayores ingresos fiscales.
Cada alternativa tiene costos.
Una factura que puede terminar pagando el contribuyente
El mayor riesgo del retraso es que la ausencia de los recursos del FMI obligue al Estado a financiar sus necesidades mediante mecanismos más costosos.
Esto puede ocurrir a través de: más deuda interna → mayores tasas de interés → mayor servicio de la deuda → menor espacio fiscal.
O mediante: más deuda externa en mercados → mayor prima de riesgo → mayores intereses → presión adicional sobre el presupuesto.
Por ello, el verdadero valor del programa del FMI no reside únicamente en los $1,400 millones.
También está en la credibilidad financiera que el cumplimiento del programa puede proporcionar a los inversionistas y a otros organismos multilaterales.
Entonces, ¿el FMI desapareció de El Salvador?
Los hechos disponibles hasta el 17 de agosto de 2026 permiten responder: no. El organismo continúa negociando con el Gobierno salvadoreño.
En julio, el primer subdirector gerente del FMI, Dan Katz, informó públicamente que había hablado con el presidente Nayib Bukele y afirmó que existían “grandes avances” hacia la conclusión de las próximas revisiones. También manifestó que esperaba visitar San Salvador próximamente.
Ese mensaje es incompatible con una ruptura formal del programa, pero existe otro hecho igualmente importante: las revisiones segunda y tercera continúan pendientes y no se ha anunciado todavía un nuevo desembolso.
Por tanto, más que una desaparición del FMI, lo que existe es una relación financiera trabada y fuera de su calendario original.
¿Y por qué no se conocen nuevas visitas del FMI?
Durante la segunda revisión hubo conversaciones virtuales y presenciales entre funcionarios del Fondo y autoridades salvadoreñas. En diciembre de 2025 el organismo confirmó que las conversaciones continuaban. Posteriormente, en julio de 2026, Katz dijo que esperaba visitar San Salvador.
Sin embargo, hasta la fecha de esta investigación no existe un anuncio público del FMI que confirme una fecha concreta para esa visita ni una fecha oficial para la conclusión de la segunda o tercera revisión.
Eso no permite concluir que el Fondo haya suspendido las misiones.
Las negociaciones de estos programas pueden desarrollarse mediante reuniones presenciales, videoconferencias, intercambio de información técnica y misiones formales antes de que el Directorio Ejecutivo adopte una decisión.
Lo que sí resulta verificable es que la ausencia de una revisión publicada durante tantos meses constituye una anomalía respecto del calendario original del programa.
El verdadero problema: la credibilidad
El Salvador necesita los recursos del FMI, pero necesita todavía más la credibilidad asociada al cumplimiento de un programa multilateral.
Cuando un acuerdo de 40 meses se aprueba con un calendario definido y las revisiones comienzan a acumular retrasos, los mercados empiezan a preguntarse si el Gobierno está dispuesto o puede cumplir todas las reformas pactadas. Esa percepción tiene consecuencias.
Puede elevar el costo de las nuevas emisiones de deuda, dificultar la reducción del riesgo país y obligar al Gobierno a dedicar una mayor proporción de sus ingresos al pago de intereses.
Y el antecedente de los $18 millones adicionales pagados en 2026 demuestra que el retraso ya ha tenido una consecuencia financiera cuantificable.
Una oportunidad que todavía no está perdida
Pese al escenario descrito, el programa no está muerto. En julio de 2026, el propio FMI habló de “grandes avances” hacia las próximas revisiones.
Además, el calendario original contempla que el acuerdo se extienda hasta 2028, lo que todavía deja tiempo para recuperar parte del cronograma perdido.
La cuestión central será si el Gobierno logra cerrar los temas pendientes y si el Directorio Ejecutivo del FMI considera que existen condiciones suficientes para aprobar las revisiones acumuladas.
Si eso ocurre, los desembolsos podrían reanudarse. Si no ocurre, el país deberá continuar sustituyendo esos recursos mediante otras fuentes de financiamiento y enfrentar, potencialmente, mayores costos de endeudamiento.
La pregunta que queda abierta no es si el FMI abandonó El Salvador. Los hechos indican que no. La pregunta verdaderamente importante es cuánto tiempo más puede permanecer el programa fuera de calendario sin que el retraso termine convirtiéndose en un problema mayor para las finanzas públicas.
El Salvador tiene todavía acceso a otros organismos financieros y mantiene relaciones con el FMI. Pero cada mes sin revisión es también un mes sin el siguiente tramo del crédito y un período adicional de incertidumbre sobre las reformas fiscales, previsionales, de gobernanza y de transparencia que sustentan el programa.
Y mientras los $1,400 millones continúan condicionados a la aprobación de las revisiones, el costo de mantener la confianza de los mercados recae finalmente sobre las finanzas del Estado y, por extensión, sobre los contribuyentes salvadoreños.
