La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó una medida cautelar de protección al fiscal general de la República, Douglas Arquímides Meléndez Ruiz, puesto que considera que su vida y la de su familia «están en riesgo» por las supuestas amenazas que ha recibido, informó la entidad.
«La comisión solicitó al Estado de El Salvador que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Douglas Arquímides Meléndez Ruiz y su familia», detalló el CIDH en un comunicado.
Por ello, instó al Gobierno salvadoreño a adoptar las medidas necesarias para que el fiscal pueda desarrollar su trabajo «sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos» e informe sobre las acciones tomadas para investigar las supuestas amenazas contra la vida de Meléndez y sus familiares.
El pasado 25 de septiembre, el fiscal Meléndez aseguró que buscaría protección internacional por las amenazas de muerte que ha recibido por investigar supuestas ejecuciones extrajudiciales y encarcelar a narcotraficantes.
Meléndez también denunció públicamente en septiembre pasado que fue víctima de un intento de allanamiento extrajudicial por parte de la Policía, un hecho que se suma a amenazas de muerte motivadas por las investigaciones que impulsa.
Dos meses antes, el fiscal había recibido amenazas de muerte por video y por escrito a causa de las investigaciones y arrestos de policías vinculados a ejecuciones extrajudiciales, grupos de exterminio y sicariato.
En ese sentido, la CIDH explicó que el fiscal «se encuentra, en principio, en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo».
La comisión tomó la decisión teniendo en cuenta que Meléndez ejerce el rol de fiscal en un Estado en el que hay «altos niveles de violencia».
Destacó además la importancia que se garantice la independencia de los fiscales «de tal manera que realicen sus funciones de lucha contra la corrupción y acceso a la justicia sin ser objeto de actos de violencia en su contra o represalias».
De otra parte, la CIDH aseguró que «de manera reciente habría sido asesinado un familiar del beneficiario, presuntamente por ‘pandilleros’, considerando el solicitante que lo anterior podría constituir una posible represalia a sus labores».
Por ello pidió al Gobierno fortalecer el esquema de protección «de manera permanente e integral, extendiéndose a su núcleo familiar».
