La Asamblea Legislativa decidió hacer del conocimiento del Fiscal General Adjunto de la República, Aquiles Parada, la solicitud de antejuicio presentada al pleno legislativo por el asesor del FMLN, Salvador Arias, contra el Fiscal General, Douglas Meléndez, a quien el político de izquierda acusa de no haber investigado a los ex funcionarios de los gobiernos de ARENA.
La pieza de correspondencia solicitando el antejuicio contra Meléndez, fue introducida al pleno el pasado 1 de noviembre pero no obtuvo la votación suficiente para ser discutida lo que motivó que esta pase al archivo. La resolución del Primer Órgano del Estado ordenó, sin embargo, que la misma fuera remitida al Fiscal General Adjunto, Aquiles Parada quien es considerado “el brazo derecho” del jefe del Ministerio Público (MP).
Arias aseguró que su petición de antejuicio fue debido a la negativa del fiscal general de aplicar la Ley de Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos contra 177 ex funcionarios públicos de la administración de ARENA. “Esos nombres están incluidos en la lista y decirles que los documentos que medio la Sección de Probidad es plena prueba”. Arias aseguró que en el listado presentado a la Asamblea aparecen incluidos todos los ex fiscales generales, ex ministros de Hacienda, ex presidentes de la Corte de Cuentas de la República y ex presidentes de la República.
Esta no es la primera vez que un ciudadano o algún organismo no gubernamental solicita que se haga antejuicio a Meléndez ya que este ha sido señalado y acusado públicamente de tolerar procedimientos que riñen con el debido proceso en los llamados “casos emblemáticos” que la fiscalía mantiene en algunos tribunales del país.
Entre dichos “casos emblemáticos” figuran el del expresidente Mauricio Funes Cartagena, prófugo en Nicaragua, el de la represa de El Chaparral; el caso del expresidente Elías Antonio Saca, el del “Gordo Max”, el caso de “Chepe Diablo” y Gumarsal, el caso de los “Troll Centers” vinculados al alcalde de San Salvador, Nayib Bukele (Recientemente, el fiscal general acusó al alcalde de agresiones contra una síndica del FMLN, en donde el edil fue exonerado) y el caso del empresario Enrique Rais y el exfiscal Luis Martínez.
En el caso de Gumarsal, los imputados han asegurado que la Fiscalía protege intereses económicos, de competencia desleal, que favorecen a un conocido empresario y político que disputa con esta empresa mercados de harina.
El más significativo de estos casos es el llamado “Rais-Martínez” donde un empresario y un exfiscal, junto a otras nueve personas, son acusados por supuestos delitos de cohecho activo, prevaricato y falsedad documental.
Tanto Rais como sus abogados han denunciado con insistencia, nacional e internacionalmente, la utilización de “pruebas prefabricadas” u obtenidas de manera ilícita en contra del empresario con fines económicos y políticos, sin que a la fecha el Fiscal General se haya pronunciado al respecto a pesar de que los hechos, denunciados públicamente, constituyen evidentes violaciones al debido proceso, a las garantías constitucionales de los imputados y de traer consigo nulidad absoluta.
La resolución que ordena la privación provisional de libertad en el caso Rais- Martínez, estableció un plazo de seis meses, durante los cuales la Fiscalía General de la República (FGR) debería aportar elementos probatorios suficientes para determinar si los imputados van a juicio o no, pero este plazo ha debido ser ampliado por segunda vez consecutiva, ante la falta de acción probatoria por parte de los fiscales del caso, lesionando los derechos de los imputados.
Estos casos “emblemáticos” son los que han llevado al Fiscal General a ser protagonista de ”enfrentamientos” con distintos sectores del país que lo responsabilizan de generar desconfianza e inseguridad en la aplicación del debido proceso en El Salvador.
Con información de DiarioLatino.net
