Asamblea Legislativa aprobó prórroga del estado de excepción por séptima ocasión

by Redacción

Con instrucciones de la presidencia de la República, la Asamblea Legislativa aprobó el viernes una séptima prórroga del estado de excepción, con la excusa de seguir combatiendo a las pandillas, pese a las críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos que han denunciado detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso durante la aplicación de ese régimen.

“Esto no es más que captar las necesidades o el requerimiento que nos hacen los millones de salvadoreños”, expresó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, al justificar la nueva prórroga.

Según Villatoro, la medida ha permitido capturar a más de 55.000 pandilleros, así como unas 1.500 armas, vehículos, droga, celulares y 1,2 millones de dólares.

Las llamadas maras o pandillas, que se estimaban antes del estado de excepción en unos 70.000 integrantes, tenían presencia en barrios y comunidades del país y se dedicaban al narcotráfico y el crimen organizado. También a la extorsionan de comerciantes y empresas de transporte, y asesinaban a quienes se negaran a pagar, según las autoridades.

La nueva prórroga se aprobó con los votos de 67 de los 84 diputados. Catorce diputados opositores votaron en contra, y tres no asistieron.

“No podemos regresar a los más de 600 asesinatos por mes. Muchas mujeres quedaron viudas por la delincuencia. No queremos ser catalogados como el país más violento del mundo”, manifestó el diputado Reynaldo Carballo, un diputado servil al oficialismo desde el PDC.

Por su parte, el vicepresidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos, destacó que, con la decisión de combatir a estos grupos criminales, “hemos dejado de ser el país identificado por las pandillas. Estamos tomando las decisiones correctas”.

Después de que el 26 de marzo se reportaran 62 homicidios, un nivel de criminalidad que no se había visto en El Salvador en mucho tiempo, la Asamblea aprobó el estado de excepción que limita la libertad de asociación y suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y motivos de arresto, así como la asistencia de un abogado.

Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos.

El régimen de excepción fue extendido por última vez el 14 de septiembre con vencimiento el 18 de octubre, y las autoridades adelantaron que seguirán pidiendo más prorrogas hasta sacar de las calles al último de los pandilleros.

Según la Constitución, el plazo de suspensión de las garantías constitucionales no deberá exceder de 30 días. Transcurrido ese plazo podrá prolongarse, por igual lapso y mediante nuevo decreto, en caso de que continúen las circunstancias que lo motivaron. De lo contrario, se restablecerán por completo las garantías suspendidas.

En marzo, la Asamblea Legislativa también aprobó algunas reformas al Código Penal para convertir en delito formar parte de una pandilla, lo que puede sancionarse con una pena de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de 40 a 45 años.

En los delitos relacionados con el crimen organizado, que incluye a las pandillas, se aplican 20 años de prisión a adolescentes mayores de 16 años y hasta 10 años a los mayores de 12.

Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado reiteradas irregularidades. La organización Cristosal informó que en seis meses de régimen de excepción registraron 2.775 denuncias sobre detenciones arbitrarias y 80 fallecidos cuando se encontraban bajo custodia del Estado. Cristosal también advirtió que las reformas penales promovidas por el gobierno buscan que haya un régimen de excepción permanente.

Villatoro confirmó a los periodistas que 850 personas capturadas durante el régimen de excepción ya han sido liberadas desde que la medida fue aprobada el 27 de marzo.

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