La Asamblea Legislativa aprobó el jueves iniciar el proceso para determinar si procede o no el retiro del fuero constitucional al viceministro de Seguridad y director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, solicitado por la Fiscalía General de la República (FGR).
El Ministerio Público solicitó al Legislativo retirar el fuero a Arriaza Chicas para que enfrente un proceso penal por el cargo de incumplimiento de deberes al negarse a llevar por apremio a dos ministros ante una comisión especial de la Asamblea Legislativa.
Los legisladores aprobaron la iniciativa con 57 votos de los 84 diputados y nombraron a la comisión que se encargará de llevar el proceso, además de un diputado que ejercerá de defensor y otro de fiscal.
Si este grupo de diputados determina que proceda el desafuero, la decisión debe ser ratificada por sus colegas en pleno con al menos 43 votos de los 84 legisladores.
De acuerdo con un representante del Congreso que presentó la solicitud, Arriaza Chicas «ha incumplido sus deberes al no acatar una solicitud de un órgano de Estado, por lo consiguiente hay un quebrantamiento al Estado de derecho y a la democracia del país».
El presidente Nayib Bukele, nombró recientemente a Arriaza como viceministro de Seguridad, con el objetivo de «blindarlo» con un fuero constitucional frente a posibles investigaciones penales solicitadas por el Congreso y la FGR.
Este nombramiento se dio después de que la que Asamblea Legislativa notificara a la Fiscalía la negativa del uniformado de trasladar por la fuerza al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, y al de Salud, Francisco Alabí, para explicar el uso de fondos públicos para enfrentar la pandemia por la covid-19.
La legislación salvadoreña establece que el presidente, diputados, jueces del Supremo, ministros, fiscal general y otros funcionarios responderán a la Asamblea Legislativa por los delitos oficiales y comunes que cometan.
El Gobierno de Bukele criticó la solicitud de la Fiscalía y varios de sus funcionarios señalaron en una campaña de propaganda estatal que es un intento de desmontar el plan de seguridad gubernamental, denominado Plan de Control Territorial.
