El Gobierno del presidente Nayib Bukele inició el octavo mes de una «guerra» contra los remanentes de las pandillas, amparado en un régimen de excepción que lleva más de 55.600 detenidos. El régimen tiene un enfoque que le genera halagos y críticas.
La ofensiva cambió de estrategia en las últimas semanas, al pasar de detenciones masivas a la búsqueda de los últimos «homeboys», como se conoce a los pandilleros, sobre todo de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
Las autoridades dicen apuntar a la red de colaboradores de las maras para atacar sus finanzas y han decomisado un poco más de 2.000 unidades de transporte, entre microbuses, taxis y motos pero apenas han incautado poco más de un millón de dólares y menos de dos mil armas, de un negocio que producía un gasto en seguridad de más de 9 mil millones de dólares al año en El Salvador, antes del ataque del Gobierno, donde sólo los buseros pagaban unos $32 millones como extorsión, mensual.
En la etapa actual de la ofensiva gubernamental, no es posible que los cada vez menos pandilleros en libertad sean atrapados sin la colaboración de sus camaradas presos, el problema es que los datos no son confiables y se desconoce si entre los presos y los que están aún en libertad existe algún vinculo de comunicación.
Bukele, con el respaldo de una Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo, prorrogó el régimen de excepción instaurado el 27 de marzo pasado, el cual permite detenciones sin orden judicial y otros abusos.
«Lo que queda de las pandillas es cada vez más difícil de agarrar, ya no podemos hacer mil arrestos diarios, hacemos 80», admitió el mandatario en su última reunión con el gabinete de seguridad el sábado 15.
Bukele considera «importante» hacer nuevas reformas penales para «enjuciarlos como organización», según el mandatario, los remanentes todavía tienen armas y «se están financiando de la venta de droga».
Una encuesta de la UCA publicada el martes mostró que el 75,9% de los salvadoreños aprueba el régimen de excepción, y nueve de cada 10 salvadoreños aseguran que la delincuencia «ha disminuido» con la política de Bukele.
Pero según el mismo estudio, 66 de cada 100 salvadoreños están en «desacuerdo» con las capturas sin una orden judicial.
«La población salvadoreña acumula más de 200 días sin garantías de procesos judiciales imparciales, transparentes y justos, debido a las siete prórrogas inconstitucionales» del régimen de excepción, denunció el miércoles Cristosal, una oenegé local de defensa de los derechos humanos.
El gobierno de Bukele está cerca de completar la detención de los 76.000 pandilleros fichados por la policía. Antes del régimen de excepción ya estaban encarcelados al menos 16.000.
