Los más de 60 mil presuntos pandilleros y colaboradores presos en el país bajo el régimen de excepción presentan un serio reto para las autoridades por el alto costo económico para su manutención, según analistas.
En marzo de 2022, cuando el estado impuso un régimen de excepción en su lucha contra las pandillas, el país tenía recluidas en sus penales cerca de 40 mil personas y esto situaba a El Salvador como el segundo país en el mundo con la tasa más alta de reos, unos 610 por cada 100 mil habitantes, solo superado por el sistema penitenciario de los Estados Unidos de Norteamérica.
La nación norteamericana tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con más de 1,2 millones de personas detenidas en prisiones federales y estatales, en su gran mayoría procedentes de las minorías negra y latina, sin embargo, la explotación de la mano de obra de los reos aporta miles de millones de dólares al sistema, de acuerdo a algunos estimados más de 11 mil millones de dólares.
Con la llegada del régimen de excepción a El Salvador y la cifra de arrestos a partir de marzo pasado, es posible que el país se acerque a encabezar el escalafón de privados de libertad a nivel mundial.
El Salvador supera ya los 60 mil reclusos en sus distintos centros penitenciarios bajo el régimen de excepción, que sumado a los cerca de 40 mil presos previos, suman 100 mil personas encarceladas, lo cual colocaría el país con la tasa más alta per capita y con un récord en dicho registro.
Es un serio reto para el gobierno pues, si hace cerca de un año y con menos de la mitad de los reclusos gastaba aproximadamente un estimado de 108 millones de dólares para satisfacer las necesidades básicas de la población carcelaria, ahora debe estar gastando más del doble.
El desafío que enfrenta el presidente Nayib Bukele y su gobierno es alcanzar un nivel de seguridad exigido por la población, pero también necesita mantener la economía del país, con las reducciones de ingresos que el miedo a soldados y policías en las calles provoca en el turismo del país y en las inversiones extranjeras.
Algunos de los internos en el centro penal la Esperanza (Mariona) ya están incorporados a un régimen de reeducación y hacen todo tipo de trabajos, carpintería, costura, pintura, artes y otras labores que potencialmente serán ingresos a la economía, asimismo varias reclusas de Cárcel de Mujeres realizan diversos trabajos que aportan a la sociedad.
Según el director de Centros Penales y vice ministro de Seguridad, Osiris Luna, el trabajo que diariamente realizan los privados de libertad, bajo un sistema llamado Fase de Confianza son beneficiosos para del país.
El funcionario explicó a principios de año que los reclusos ya habían restaurardo 86 escuelas, renovaron 142 infraestructuras médicas, mejoraron 80 delegaciones de la Policía, intervinieron 6 centros turísticos y construyeron 12 estaciones para guardavidas.
“En el Nuevo Sistema Penitenciario hemos instaurado las condiciones necesarias para lograr que el 100% de privados de libertad se disciplinen en actividades productivas”, informó en la oportunidad el funcionario.
Estimados recientes de fuentes oficiales aseguran que la mayoría de los detenidos por su pertenencia a las pandillas o presuntamente colaborar con estas se encuentran en un rango de edad de entre 18 y 40 años, un grupo erario en la mejor capacidad de trabajo y producción.
Los prisioneros en Fase de Confianza ya cultivan parte de sus alimentos, la gran interrogante es si esa estrategia podrá aplicarse y llevar a muchos de los pandilleros y colaboradores a la convivencia social bajo las leyes del país.
