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Absuelven policías procesados por ejecución extrajudicial

El juez Quinto de Sentencia de Santa Tecla decidió absolver a cinco agentes del GRP, porque "la Fiscalía no presentó pruebas contundentes para que el caso pasara a la siguiente fase".

El juzgado Quinto de Sentencia de Santa Tecla absolvió hoy a cinco miembros de un cuerpo elite de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes eran procesados por la supuesta ejecución extrajudicial de un joven durante un operativo contra pandilleros, informaron los Tribunales.

La fuente señaló que el juez Quinto de Sentencia de Santa Tecla decidió absolver a cinco agentes del Grupo de Reacción Policial (GRP), porque «la Fiscalía no presentó pruebas contundentes para que el caso pasara a la siguiente fase».

La vista pública en contra de estos cinco agentes policiales inició el lunes y culminó el miércoles pasado, y este viernes se efectuó la lectura del fallo por parte del tribunal.

El 26 de marzo de 2015 los imputados se enfrentaron a tiros con miembros de la Mara Salvatrucha (MS13) en la localidad de San José Villanueva, en La Libertad, con saldo de siete hombres y una mujer muertos.

Entre estos se encontraba Dennis Martínez, quien según el fiscal general, Douglas Meléndez, «no tenía que ver con pandillas» y durante la refriega «estaba encerrado en un cuarto» realizando una llamada telefónica.

El Servicio Social Pasionista y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas afirmaron recientemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en los últimos años han proliferado los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en El Salvador.

La procuradora de Derechos Humanos de El Salvador, Raquel Caballero, señaló a mediados de agosto que investiga al menos 40 ejecuciones extrajudiciales supuestamente perpetradas por miembros de la Policía y el Ejército en 2017 en operativos contra las pandillas.

Estas se suman a las al menos 119 supuestas ejecuciones extrajudiciales cometidas por los cuerpos de seguridad en diversas reyertas entre 2013 y 2016, indagadas en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Hasta la fecha, todos los casos emblemáticos que la Fiscalía General de la República ha presentado ante la ley salvadoreña se han caído debido a la incapacidad fiscal de mostrar pruebas fehacientes.

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