El memorando de entendimiento firmado entre el Gobierno de El Salvador y el Grupo Cox, que contempla US$600 millones para agua potable y saneamiento, ha reavivado el debate sobre el papel de la inversión privada en un sector históricamente gestionado por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). Aunque el acuerdo no constituye, por sí solo, una privatización formal del servicio, sí abre la puerta a una mayor participación de capital extranjero en infraestructuras críticas, un escenario que genera tanto expectativas de mejora como preocupaciones sobre la soberanía hídrica y el acceso equitativo al agua.
Qué contempla el acuerdo y qué no
El memorando, firmado el 13 de octubre de 2026 entre el presidente Nayib Bukele y Enrique Riquelme, presidente ejecutivo del Grupo Cox, establece un compromiso de inversión de US$2.900 millones, de los cuales US$600 millones se destinarán a agua potable y saneamiento. El resto del paquete se reparte entre infraestructura de gas natural (US$1.800 millones), almacenamiento de energía mediante baterías (US$300 millones) y plantas solares (US$200 millones).
Sin embargo, el documento firmado es un memorando de entendimiento, no un contrato ejecutivo. No se han publicado detalles sobre los municipios beneficiados, el número de hogares que recibirán mejoras, la capacidad de las instalaciones, las metas de cobertura ni los mecanismos de supervisión. Tampoco se ha precisado si Cox operará directamente los sistemas de agua, si lo hará mediante concesiones, o si su rol se limitará a la construcción de infraestructura que luego será administrada por ANDA.
ANDA: entre la necesidad de inversión y el riesgo de pérdida de control
ANDA, creada en 1961, ha sido históricamente el operador dominante del servicio de agua potable y alcantarillado en El Salvador, con presencia en cerca del 70% de los municipios, aunque con una cobertura fuertemente concentrada en zonas urbanas. La institución enfrenta desafíos estructurales: en 2020, el 64,2% del agua producida no era contabilizada, debido a redes deterioradas, conexiones ilegales y pérdidas en la distribución. La inversión de US$600 millones anunciada podría, en teoría, ayudar a cerrar esa brecha, pero también plantea preguntas sobre quién controlará los activos y las tarifas una vez construidos.
La experiencia latinoamericana muestra que la participación privada en el sector agua puede adoptar múltiples formas: desde contratos de servicio puntuales (cobranza, mantenimiento) hasta concesiones que transfieren la operación, la inversión y el financiamiento de los activos. En El Salvador, la Ley de ANDA establece que la institución es la encargada de “proveer y ayudar a proveer” servicios de acueductos y alcantarillados, lo que sugiere que cualquier participación privada debería operar bajo su supervisión. Sin embargo, la falta de transparencia en los términos del memorando deja abierta la posibilidad de que Cox adquiera un rol más amplio de lo que el discurso oficial sugiere.
¿Privatización o asociación público-privada?
Técnicamente, el acuerdo no constituye una privatización en sentido estricto, ya que no implica la venta de activos estatales ni la transferencia permanente de la propiedad de los sistemas de agua. Tampoco se ha anunciado una concesión formal que transfiera la operación y explotación de los servicios a Cox por un período determinado. Sin embargo, la línea entre una “inversión privada” y una “privatización encubierta” puede volverse difusa si, en la práctica, la empresa termina controlando la infraestructura, las tarifas o los criterios de expansión de cobertura.
La experiencia regional advierte que las reformas del sector agua tienden a fracasar cuando se realizan de manera forzada, sin participación comunitaria y sin mecanismos de regulación que protejan al usuario. En El Salvador, donde la cobertura de agua potable presenta desigualdades marcadas entre zonas urbanas y rurales, cualquier esquema de inversión privada deberá demostrar que no excluye a las comunidades más vulnerables.
Riesgos para ANDA y para la población
Si el acuerdo evoluciona hacia un esquema de concesión o gestión privada de los sistemas, ANDA podría enfrentar varios riesgos:
- Pérdida de control operativo: Si Cox asume la administración directa de plantas, redes o sistemas de distribución, ANDA podría quedar relegada a un rol de supervisión sin capacidad real de intervención.
- Presión sobre las tarifas: Una empresa privada buscará recuperar su inversión y obtener rentabilidad, lo que podría traducirse en aumentos tarifarios que golpeen a las familias de menores ingresos.
- Selección de zonas rentables: La lógica de inversión privada tiende a priorizar áreas urbanas densamente pobladas y con capacidad de pago, dejando de lado zonas rurales o periurbanas donde la cobertura es históricamente deficiente.
- Opacidad en la gestión: Sin mecanismos claros de supervisión ciudadana y rendición de cuentas, la participación privada puede reducir la transparencia en la toma de decisiones sobre un recurso esencial.
Por otro lado, si el acuerdo se limita a la construcción de infraestructura (plantas de tratamiento, redes, sistemas de bombeo) que luego será operada por ANDA, el riesgo de privatización disminuye considerablemente. En ese escenario, Cox actuaría como contratista o socio técnico, mientras el Estado mantiene el control sobre la prestación del servicio.
Lo que queda por aclarar
Para determinar si este proyecto representa un peligro real para ANDA o una amenaza de privatización, será fundamental que el Gobierno y Grupo Cox precisen:
- El modelo de gestión: ¿Quién operará los sistemas una vez construidos?
- La propiedad de los activos: ¿Los bienes permanecerán bajo titularidad estatal o serán transferidos a la empresa?
- El esquema tarifario: ¿Quién definirá las tarifas y bajo qué criterios?
- Los municipios y poblaciones beneficiadas: ¿Se priorizarán zonas con mayor capacidad de pago o se garantizará cobertura equitativa?
- Los mecanismos de supervisión: ¿Qué papel tendrá ANDA, la Superintendencia de Competencia u otros entes reguladores?
Hasta que estos puntos se aclaren, el acuerdo con Grupo Cox permanece en una zona gris: no es una privatización formal, pero tampoco garantiza que el control público sobre el agua se mantenga intacto. La historia de El Salvador y de la región sugiere que la clave no está en si hay o no inversión privada, sino en bajo qué condiciones se produce y quién protege el acceso equitativo a un recurso tan esencial como el agua.
