Para muchos salvadoreños, adquirir un vehículo usado es una forma accesible de movilizarse sin comprometer demasiado el presupuesto familiar. Sin embargo, expertos automotrices y consumidores advierten sobre un riesgo grave: la compra de automóviles importados o usados con estructuras dañadas (“melcochas retorcidas”) que han sido mal reparadas, lo que puede derivar en fallos críticos de frenos, dirección, marco estructural o incluso incendios, poniendo en riesgo la vida de los conductores y pasajeros.
La expresión popular de “melcocha retorcida” se refiere a vehículos que han sufrido daños estructurales severos —por choques u otros incidentes— y han sido enderezados de manera deficiente, sin que la reparación devuelva al coche su resistencia original. Este tipo de daño puede parecer menor a simple vista, pero compromete la seguridad global del vehículo.
Qué es el daño estructural y por qué es peligroso
El chasis o marco de un automóvil actúa como su columna vertebral: absorbe y redistribuye energía en caso de colisión y mantiene el alineamiento correcto de frenos, dirección y suspensión. Cuando ese marco está doblado, torcido o mal reparado, la integridad estructural se debilita, lo que puede producir:
- Pérdida de estabilidad y control: un vehículo con el marco comprometido puede desviarse, jalar hacia un lado o responder de forma impredecible ante maniobras bruscas o frenadas.
- Mayor riesgo en choques: la deformación reduce la capacidad de absorción de impacto, aumentando el peligro para ocupantes.
- Fallos mecánicos asociados: estrés desigual sobre frenos, suspensión y sistema de dirección, lo que puede traducirse en fallos repentinos de estos sistemas.
- Posibles incendios y fallos eléctricos: reparaciones mal hechas pueden generar cortocircuitos o sobrecargas en el sistema eléctrico, otro factor siniestrado en casos de autos mal reconstruidos. (Nota: la estadística de incendios varía por modelo y condición del vehículo).
Además, autos con títulos «salvage» o reconstruidos —que suelen indicar que el vehículo fue declarado pérdida total por una aseguradora y después reparado— tienen riesgos inherentes incluso tras la reparación si esta no se ajusta a los estándares de fábrica.
Estafas y fraudes: un riesgo adicional
Más allá de los problemas mecánicos, el mercado de carros usados en El Salvador enfrenta casos de estafa y ventas fraudulentas. Algunos vendedores ofrecen vehículos importados a través de plataformas como Facebook o Marketplace, captando depósitos iniciales elevados sin entregar nunca el auto o entregando vehículos con defectos ocultos no revelados al comprador.
Especialistas en derechos del consumidor señalan que comprar sin verificar el historial del vehículo o sin inspección técnica previa puede convertir la transacción en un problema legal y económico severo.
Consejos para evitar compras peligrosas
Organizaciones de consumidores y talleres automotrices recomiendan al comprador:
- Verificar el historial del vehículo, incluyendo el número de chasis (VIN) y cualquier título de salvamento o reconstrucción.
- Inspeccionar la carrocería y marco: buscar paneles desalineados, soldaduras sospechosas, pintura desigual o marcas de reparación estructural.
- Llevar el auto a revisión mecánica profesional antes de cerrar la compra, con elevación para revisar la parte inferior y la estructura.
- Evitar tratos improvisados o pagos adelantados sin garantías contractuales o sin documentación completa.
Un diagnóstico completo por parte de un mecánico calificado puede identificar problemas ocultos, desde daños estructurales hasta fallos en frenos o dirección, que no son evidentes en una simple prueba de manejo.
Impacto real en la seguridad vial
El riesgo no es solo económico: un automóvil con daño estructural o reparaciones inapropiadas puede fallar en el momento más crítico, provocando accidentes con consecuencias graves o fatales. La falta de controles técnicos y de transparencia en algunos intercambios privados de vehículos usados contribuye a agravar la situación.
En un país donde cientos de automóviles usados son importados cada año —sin una regulación robusta que respalde al comprador promedio— las autoridades, expertos y consumidores coinciden en una advertencia clara: no se puede sacrificar seguridad por precio. La vida y la integridad física están en juego.
