El Gobierno español, que preside el socialista Pedro Sánchez, y el conservador Partido Popular (PP), el principal de la oposición, han recompuesto parte del consenso de las primeras semanas de la COVID-19, que también se extiende a las relaciones entre empresarios y sindicatos con vistas a preservar los puestos de trabajo.
El Ejecutivo aprobará este viernes el acuerdo cerrado con los agentes sociales para prorrogar la aplicación de expedientes de regulación temporal de empleo (erte) a causa de la epidemia hasta el 30 septiembre, una medida extraordinaria para evitar que millones de personas pierdan el trabajo definitivamente.
La patronal y los sindicatos volvieron a «dar ejemplo» a la sociedad y el acuerdo servirá para «reactivar la economía y volver al trabajo», así como «dar seguridad y certeza a los proyectos de las empresas y a los trabajadores», destacó la ministra de Trabajo, la izquierdista Yolanda Díaz.
España permaneció en estado de alarma durante tres meses, hasta el 20 de junio pasado, y las restricciones severas de la actividad socieconómica durante este tiempo significó el cierre de innumerables negocios, comercios y otras emperesas para frenar el contagio.
En esas circunstancias, los erte permitieron amparar a 3,5 millones de trabajadores y 500.000 empresas durante la crisis sanitaria, muchas de ellas del sector turístico, uno de los motores de la economía.
El acuerdo, esta vez entre izquierda y derecha, volvió parcialmente este jueves a la política española, pues el PP votó en el Congreso a favor del decreto del Gobierno sobre medidas de prevención que rigen tras el estado de alarma. La norma se tramitará, además, como proyecto de ley y podrá ser enmendada por los grupos políticos.
Pero este apoyo de los conservadores estuvo plagado, una vez más, de duros reproches al Gobierno en general y, en particular, al ministro de Sanidad, el socialista Salvador Illa, por una estrategia «equivocada» para gestionar la crisis sanitaria.
El PP había respaldado al Ejecutivo en la declaración inicial del estado de alarma y las primeras prórrogas, hasta que dejó de hacerlo entre fuertes críticas a Sánchez, que gobierna en minoría y se vio obligado entonces a negociar con pequeños partidos.
Mientras tanto, las autoridades sanitarias siguen muy atentas a los 40 brotes de coronavirus activos en el país, aunque los de riesgo son alrededor de diez.
Dos son los que más preocupan, uno que afecta a 250 personas de cuatro comarcas de la región de Aragón (noreste) y a 89 de un centro de acogida de Málaga (sur).
El Ministerio de Sanidad notificó el jueves tres muertos y 157 contagiados más, hasta 28.330 defunciones y 247.486 casos en total desde que comenzó la epidemia.
