Hace tres décadas Luis Muñoz huyó de El Salvador debido a una guerra civil y rehizo su vida en el pueblo costero de Red Bank, en Nueva Jersey, donde trabajó como mecánico y crió a tres hijos junto a su esposa.
Ahora Muñoz y sus hijos podrían enfrentar la deportación en 2019 junto a otros 200.000 salvadoreños, luego de que el Gobierno de Donald Trump dijo el lunes que ya no contarán con la protección legal temporal que le brindaba un programa gubernamental conocido como TPS.
«No puedo regresar a mi país», dijo Muñoz, de 58 años, en la tarde del lunes, sentado en un sofá con su perro Hachi, de raza Bichon Frisé, en el departamento que comparte con su esposa, una inmigrante de Belice.
Muñoz, quien recibió amenazas de muerte antes de dejar El Salvador en la década de 1980, comentó que la violencia de las pandillas hace demasiado peligroso el regreso y que la debilitada economía del país ofrece pocas oportunidades.
Las familias salvadoreñas que viven en Estados Unidos enfrentan una angustiante decisión y muchos dicen que regresar no es una opción debido a la ola de crímenes de las pandillas.
Muchos temían que el Gobierno de Trump pusiera fin a su estatus protegido, luego de que tomó decisiones similares sobre los nicaragüenses y haitianos como parte de una campaña para endurecer las leyes de inmigración.
El TPS, que comenzó en 1990, ofrece protección de la deportación a los inmigrantes que ya se encuentran en Estados Unidos, incluidos aquellos que ingresaron ilegalmente, y provienen de países golpeados por desastres naturales, conflictos civiles y otros problemas.
Los salvadoreños fueron incluidos después de un par de terremotos destructivos en el 2001. Funcionarios estadounidenses dijeron el lunes que el TPS por definición no es permanente y que las condiciones inseguras creadas por los terremotos ya no existen. Agregaron que las protecciones para los salvadoreños expirarán en septiembre del 2019.
Muchos de los beneficiados por el programa no fueron afectados por los terremotos, pero aprovecharon el programa para acceder a un estatus legal.
Ricardo Lemus, de 38 años, cruzó la frontera entre Estados Unidos y México junto a su hermano en 1997. Como un inmigrante legal, bajo el TPS, comenzó su propia compañía de instalación de pisos de madera en Rockland County, Nueva York. Él dijo que suspendió sus planes de expansión hasta saber si perderá su negocio.
«No tengo opciones», dijo Lemus, quien tiene tres hijas nacidas en Estados Unidos y no está dispuesto a llevarlas a un país que nunca han conocido. «Aún no estoy seguro de qué puedo hacer», agregó.
Al igual que Lemus, Muñoz no fue una víctima del terremoto. Él ya vivía en Estados Unidos al momento de los desastres, debido a que entró legalmente desde Belice con una visa de turista y postuló al TPS después de que el documento expiró.
Sus hijos, que nacieron en Belice y tienen protección bajo el TPS, virtualmente no tienen conexión con el país al que pronto se verían obligados a trasladarse. «Básicamente ellos regresarían a un mundo que no conocen», dijo Muñoz.
Con información de Reuters
