El Salvador ha sido suspendido de un grupo internacional que combate el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, debido al veto del presidente Salvador Sánchez Cerén a una reforma que daba autonomía a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República para poder recibir, procesar, analizar y diseminar la información para prevenir o detectar el lavado de dinero.
De acuerdo al comunicado publicado el pasado viernes, la suspensión del país se debe a una continua falta de compromiso por parte de El Salvador con los principios del grupo Egmont en lo referente a la independencia operacional y la autonomía.
El anuncio fue hecho por el Grupo Egmont el viernes, tras un evento celebrado en Sidney, Australia. El grupo Egmont es un organismo internacional que reúne a las Unidades de Inteligencia Financiera del Mundo que facilita el intercambio de información para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Unos 160 países participan en el grupo.
“Decidieron suspender a UIF El Salvador debido a un continuo incumplimiento de los principios del Grupo Egmont relacionados con la independencia operativa y la autonomía. UIF El Salvador ahora está excluido de todos los eventos y actividades del Grupo Egmont”, señala el comunicado.
Los directivos del Grupo Egmont reconocieron los esfuerzos de UIF El Salvador para abordar estas inquietudes a través de un proceso legislativo, “pero concluyeron que su independencia operativa y su autonomía no están garantizadas. Los jefes de la UIF podrían adoptar medidas adicionales en la próxima Plenaria de Egmont en los Países Bajos (julio de 2019) en caso de que no se realicen progresos para corregir esta deficiencia”, agrega el comunicado.
La reforma al artículo 70 de la Ley Orgánica de la FGR fue aprobada en la Asamblea Legislativa el pasado 20 de julio, con 55 votos a favor y 21 en contra; sin embargo, el pasado 16 de agosto regresó a la Asamblea con el veto presidencial bajo el argumento de ser inconstitucional.
La reforma aprobada el 20 de julio por la Asamblea Legislativa pretendía precisamente cumplir con una recomendación del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera para que esta unidad tenga independencia y autonomía técnica operativa respecto del fiscal general.
El fiscal general, Douglas Meléndez, había advertido a los diputados las consecuencias que se tendrían de no superarse el veto. Entre ellas figuraba precisamente la expulsión del Grupo Egmont. Con ello, el país dejaría de recibir o entregar información sobre casos de lavado de dinero, El Salvador podría ser catalogado como un paraíso fiscal, las transacciones financieras internacionales podrían subir sus costos para todos los que poseen un crédito o una tarjeta de crédito y los préstamos al Estado podrían subir el interés.
Esto impedirá que la Fiscalía salvadoreña pueda pedir información sobre transacciones bancarias en el exterior de involucrados en actos de corrupción y lavado de dinero, lo que provoca la falta de acceso a información que ayude en la lucha contra la corrupción.
El veto intentó ser revertido por las fracciones legislativas, pero FMLN y GANA no respaldaron la superación del veto.
La decisión presidencial también ha creado tensiones con Estados Unidos, que lo ha señalado como falta de voluntad en el combate a la corrupción por parte del Gobierno salvadoreño.
“Esa es una decisión que el gobierno puede votar, pero es señal (de) que no tiene compromiso de combatir la corrupción”, señaló la embajadora estadounidense, Jean Manes, hace una semana en una entrevista televisiva, en referencia a la reforma a la Ley de la Fiscalía General de la República que intentaba fortalecer el papel de la UIF y que fue vetada por el mandatario salvadoreño.
