En el más absoluto silencio, para no repetir el mismo «circo» que se montó con los refugiados sirios, el gobierno trajo a 16 salvadoreños. Uruguay se convirtió así en el primer país de la región que da cobijo a quienes escapan del denominado «Triángulo Norte» de Centro América, una de las zonas más violentas del mundo.
A simple vista, El Salvador tiene el encanto de los países tropicales. Pero detrás de los tragos con coco, el olor a café intenso, los volcanes que se ahogan en el Pacífico y el colorido vuelo de los Torogoces, este territorio registra una de las estadísticas más oscuras: un asesinato cada dos horas y media.
Ni la aparente tranquilidad del campo se salva del peligro de las maras (pandillas criminales), la guerra de las drogas, las ejecuciones extrajudiciales de los paramilitares y la casi epidemia de femicidios. Y es de ahí, de esas zonas de campesinos que lo perdieron todo por la violencia, que vienen las cuatro familias de salvadoreños que hoy se resguardan en Uruguay.
Cada una de estas familias recibió una casa del Ministerio de Vivienda —en principio por un máximo de dos años— y un mínimo sustento de Naciones Unidas para hacer frente al desafío de reconstruir sus vidas de la nada. Es que a diferencia del estatus convencional de refugio, los programas de reasentamiento (como este, el de los 42 sirios y los 69 colombianos) implica que un Estado asume una responsabilidad proactiva en el cuidado de las personas a las que da protección.
Las viviendas están ubicadas en zonas semiurbanas y rurales (por razones de protección se prefirió no especificar el nombre de las localidades), con el objetivo de que los migrantes tengan una adaptación más sencilla y más acorde al tipo de tareas que realizaban en su país de origen.
A los 16 salvadoreños reasentados, se les suman otros dos refugiados de esa nacionalidad que ya estaban viviendo en Uruguay. Entre los protegidos, hay cinco menores de edad (dos de ellos de menos de cuatro años), y hay un adulto de más de 60 años.
El resto son hombres y mujeres —en igual cantidad— de entre 18 y 59 años.
El plan
El objetivo de traer a refugiados de El Salvador a Uruguay comenzó a gestarse en 2016. El País informó de ello en mayo del año pasado, cuando la Cancillería tenía intenciones de acelerar el proceso de llegada (para completar diez familias en dos años) pero no conseguía el apoyo de Vivienda.
Tras hacerse público el programa, el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, desmintió la noticia. Pero menos de 24 horas después, y luego de hablar a la interna de su cartera, tuvo que retractarse.
Uruguay firmó un acuerdo, el 22 de febrero de 2016, con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). El Estado se compromete a facilitar los mecanismos de protección a quienes escapan del Triángulo Norte de Centro América, al menos permitiéndoles el cobijo transitorio hasta que encuentren un lugar seguro. Ese tiempo puede ir entre tres y nueve meses, según el documento que firmó el exvicecanciller José Luis Cancela.
Pero un integrante de la Comisión de Refugiados que pidió anonimato explicó que lo importante, en ese caso, «es el gesto humanitario» y no tanto las condiciones de «si se quedan o se van». A efectos del Estado uruguayo, dijo una fuente de Cancillería, «la inversión es mínima e implica mucha ayuda para esa gente».
Las autoridades temen que, por desconocimiento, parte de la población tenga una reacción «a la defensiva», al estilo de: «¿Por qué a ellos les dan todo?»
Pero los organismos que trabajan con los refugiados insistieron con que «estos refugiados son personas bajo extrema vulnerabilidad y Uruguay tiene la capacidad y el deber humanitario, de ayudarlos». Además, agregaron, «estas personas trabajan, mandan a sus hijos a la escuela, invierten en el país».
A mediados de 2017, el número de refugiados y solicitantes de asilo de los tres países que integran el «Triángulo Norte» de Centroamérica llegó a más de 240.000 personas, lo cual representa un incremento de casi diez veces en un lustro. De ahí que esta zona de las Américas sea una prioridad para Naciones Unidas y que la representante regional de Acnur, Michele Manca di Nissa, llegara a decir: «Destacamos la solidaridad y generosidad del gobierno uruguayo y contamos con que otros países de la región se sumen a esta iniciativa humanitaria».