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Últimos dos gobiernos quebraron ANDA

Agencia Digital de Noticias -ADN-

A seis días de haber tomado las riendas de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Felipe Rivas aseguró a periodistas que la institución a la que acaba de llegar está en quiebra técnica.

Según Rivas, ANDA tiene un déficit de al menos 19 millones de dólares y una deuda por parte de instituciones de Gobierno y alcaldías que supera los 40 millones de dólares, dejando un hoyo financiero en la institución de casi 60 millones de dólares.

“Se puede decir eso de quiebra técnica porque en los últimos ha tenido un déficit bastante fuerte, como lo dije ahí son un déficit millonario”, dijo Rivas a periodistas a su salida de la entrevista matutina del canal estatal, el jueves.

De esta manera, el nuevo presidente de la Administración advirtió a la población que el aumento del subsidio y reducción de tarifas, que se le instruyeron en la Casa Presidencial antes de darle el cargo, será complicado y no inmediato, si es que se llega a dar.

Uno de los componentes principales de la quiebra de ANDA consiste en la gigantesca deuda que mantienen el Ejecutivo y varias alcaldías con la institución, sumando al menos 40 millones de dólares, “Allí tenemos un monto superior a los 40 millones de dólares”, dijo el funcionario.

De acuerdo a las declaraciones de Felipe Rivas, ANDA no podría enfrentar la entrega del subsidio, incumpliendo la primera directriz que le fue encomendada por el presidente Salvador Sánchez Cerén, debido a que ANDA requiere al menos de 71 millones de dólares al año para cumplir con dicho subsidio y que por el momento esos fondos no existen en caja.

Tradicionalmente, ANDA ha sido una de las instituciones autónomas que siempre han tenido solvencia económica, pero luego de dos administraciones del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), sus recursos se han ido diluyendo al ser utilizados a criterio, en un inicio por el expresidente Mauricio Funes Cartagena, quien se encuentra prófugo de la justicia salvadoreña en Nicaragua y, posteriormente por la Administración Sánchez Cerén.

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