El Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, confirmó la mañana de miércoles que el Ministerio Público le envió el pasado martes la solicitud formal del gobierno de México para la extradición del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, con lo que empezó a correr un plazo mínimo 10 días hábiles y máximo de 15 para continuar con el trámite sobre el envío o no del político a que enfrenta a la justicia federal de su país.
Juan Daniel Lemus Ramírez, secretario del Tribunal, informó el miércoles que «por la tarde» del martes fue presentada la «formal acusación» que el gobierno de México entregó el pasado 7 de junio al de Guatemala. La documentación mexicana fue remitida ese mismo por la cancillería guatemalteca al Ministerio Público, que ayer la entregó al Tribunal.
Lemus confirmó el martes en la mañana, todavía sin recibir el expediente mexicano, que a partir del momento en que el Ministerio se lo entregue, el Tribunal tendrá un mínimo de 10 días hábiles y un máximo de 15 para llamar a audiencia a las partes—Unidad de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General (Ministerio Público) y Duarte con su defensa—y efectuarla dentro de esos plazos. En la convocatoria a la defensa, el Tribunal adjuntará copia de los documentos que presentó México, relató.
El Tribunal, especializado en extradiciones, tramita el caso contra Duarte que inicialmente fue por los supuestos delitos de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita que habría cometido en su gestión como gobernador, de 2010 a 2016.
El 7 de junio en México, el gobierno mexicano informó que el reclamo se basa en la orden de aprehensión librada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se añadieron dos órdenes libradas por la Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Xalapa, Veracruz, por abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.
El político, en fuga desde mediados de octubre de 2016 (seis meses) y detenido a petición de México, y con carácter provisional con fines de extradición, en la noche del pasado 15 de abril en el suroccidente de Guatemala, ingresó en la madrugada del 16 de abril a Matamoros, una cárcel en un cuartel militar de la capital guatemalteca.
En una audiencia en el Tribunal el 19 de ese mes, Duarte, de 43 años, rechazó «allanarse» para ser extraditado a México y, con la condición de conocer primero la solicitud mexicana, se reservó el derecho de acogerse a un trámite expedito para ser repatriado y sometido a la justicia de su país.
Lemus confirmó que, según la Ley Reguladora del Proceso de Extradición en Guatemala, Duarte se puede allanar «en cualquier momento» y aligerar la gestión, regida por el tratado bilateral de extradición.
En la vista del 19 de abril, el Tribunal concedió 60 días a México para aportar el requerimiento y precisó que el plazo comenzó a correr al siguiente día hábil—24 de ese mes—de que la cancillería guatemalteca notificó el 21 sobre el acuerdo judicial a la embajada mexicana en Guatemala.
Si el ex gobernador se allana en la próxima audiencia, que será en fecha por definir, todo puede resolverse en unos 10 días posteriores a esa cita, recordó Lemus.
En la comparecencia habrá un debate en torno a las pruebas aportadas por México y cada parte expondrá sus respectivos alegatos, dijo el secretario. Luego el Tribunal, presido por el abogado guatemalteco César García, se retirará a deliberar pruebas y argumentos y ese mismo decidirá si se aprueba o rechaza la extradición. La defensa puede apelar, en un plazo de tres días, lo que pasará el caso a la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcotráfico y Delitos contra el Medio Ambiente.
