En medio de la creciente demanda global por minerales estratégicos, El Salvador podría estar sentado sobre un tesoro aún no confirmado: tierras raras, esos 17 elementos químicos esenciales para la transición energética, la industria aeroespacial y la tecnología de punta.
Aunque no hay estudios públicos que certifiquen yacimientos locales, la posibilidad ha sido mencionada en círculos técnicos y políticos, especialmente en el contexto de la disputa comercial entre China y Estados Unidos, donde el control de estos recursos se ha convertido en arma geopolítica.
Un país volcánico con potencial oculto
Geológicamente, El Salvador es un país extremadamente joven. Tres cuartas partes de su territorio están cubiertas por rocas volcánicas del Neógeno y una cuarta parte por rocas del Cuaternario, típicas de ambientes donde pueden encontrarse concentraciones de tierras raras. En zonas como Tecapa, Ilamatepec, Izalco o San Miguel, la actividad geotérmica podría haber concentrado elementos como lantano, cerio, neodimio y disprosio.
El giro político: se levanta la prohibición
En diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa —dominada por el oficialismo— aprobó la Ley General de Minería Metálica, derogando la histórica prohibición de 2017 que convirtió a El Salvador en el primer país del mundo en vetar esta industria. La nueva ley permite al Estado explorar, explotar y comercializar minerales, aunque prohíbe el uso de mercurio.
La medida ha generado fuerte rechazo de comunidades, ambientalistas y líderes religiosos, quienes advierten sobre los riesgos para el agua, la salud y la soberanía territorial. Incluso se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema.
¿A qué costo?
La minería de tierras raras es una de las más contaminantes del mundo:
- Por cada tonelada extraída, se generan entre 9,000 y 12,000 m³ de gases contaminantes, incluyendo ácido sulfúrico, dióxido de azufre y ácido fluorhídrico.
- Se producen más de 75,000 litros de agua acidificada y residuos radiactivos.
- La falta de capacidad local para refinar estos minerales obliga a exportarlos sin valor agregado, perpetuando la dependencia económica.
- La oposición social y los conflictos territoriales suelen intensificarse, especialmente en zonas rurales con alta vulnerabilidad hídrica.
¿Y ahora qué?
Para que esta posibilidad se convierta en política pública legítima, se requieren estudios geológicos serios, transparencia institucional y participación ciudadana.
