A más tardar este lunes 8 de enero los cerca de 250.000 salvadoreños y sus familias amparados por el Estatuto de Protección Temporal (TPS) sabrán por fin si van a seguir protegidos o deberán hacer las maletas para abandonar el país.
El beneficio para los ciudadanos de El Salvador vence el 9 de marzo y el ejecutivo está obligado a presentar una decisión antes de 60 días que venza el TPS, que brinda a sus beneficiarios la posibilidad de tener permisos de trabajo y frena las ordenes de deportación.
Esta es la primera vez, desde que obtuvieron el amparo en 2001, que los beneficiados tienen pocas esperanzas de obtener una extensión, en especial como consecuencia de las acciones políticas internas y externas llevadas a cabo por el partido oficialista, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), cuya gestión diplomática ha sido sistemáticamente en contra de los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica, como los ataques a la nación del norte por parte de diputados, funcionarios y dirigentes políticos de izquierda.
La Administración Trump ya puso fin a los TPS que amparaban a nicaragüenses y haitianos, y otorgó tan sólo dio seis meses más de protección a 80.000 hondureños.
«Sería ingenuo pensar que el Ejecutivo va a actuar de forma diferente con los salvadoreños, lo que estamos buscando es una prorroga para poder trabajar en una vía permanente» enfatizó en una entrevista periodística Oscar Chacón, director ejecutivo de la organización Alianza América, que lidera la campaña «SAVE TPS».
El canciller Hugo Martínez, se ha visto forzado a coincidir con los defensores de los derechos de los inmigrantes dentro de EEUU. «Nosotros creemos que el TPS, como programa temporal, difícilmente podrá seguir existiendo», dijo recientemente en una entrevista.
A pesar del desalentador panorama, esta semana las organizaciones están realizando los últimos esfuerzos para salvar el beneficio.
Chacón advirtió que como parte de la estrategia se está alentando a ciudades y condados a nivel nacional para que emitan un respaldo al TPS y sus beneficiarios.
«Incluso en ciudades de estados conservadores como Carolina del Norte estamos logrando que los consejos nos den apoyo, esto es muy importante», subraya Chacón.
Otro objetivo son los mismos «tepesianos» salvadoreños y la comunidad que se beneficia de esos permisos temporales.
Así, la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL) lanzó desde el mes pasado once vídeos en español para concienciar a los beneficiados de la lucha que les espera.
«Las organizaciones no podemos hacer esto solos. Necesitamos que nos acompañen en esta lucha y los ‘tepesianos’ deben salir, como en los años noventa, a movilizarse», indicó Teresa Tejada, directora de ASOSAL.
La preocupación de los salvadoreños es inminente, los teléfonos de las organizaciones, consulados salvadoreños y abogados de inmigración no paran de sonar.
De acuerdo a cifras del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), en diciembre del 2016 había 263.282 salvadoreños protegidos con el TPS.
Un estudio encargado por Alianza TPS asegura que un 90 % de los favorecidos con el beneficio tiene trabajo y que un 81 % tiene hijos, la mayoría nacidos en Estados Unidos.
A pesar de los aportes de esta comunidad, los defensores de los inmigrantes advierten de que en la Casa Blanca hay funcionarios que están presionando por cancelar el beneficio e incluso obligarlos a salir del país, parcialmente producto de los ataques del gobierno efemelenista y el partido de izquierda a los Estados Unidos.
La llamada Nicaraguan Adjustment and Central American Relief Act (Nacara) fue aprobada en 1997 para dar beneficios migratorios y blindar contra la deportación a ciudadanos de Nicaragua, Cuba, El Salvador, Guatemala y países del ex bloque soviético que llegaron al país para pedir asilo en los años 90.
La decisión que tome la Administración Trump marcará el cronometro para evitar que más de 300.000 centroamericanos tengan que salir de los EEUU.
