La Corte de Constitucionalidad de Guatemala suspendió el domingo una orden del presidente para expulsar al jefe de una comisión anticorrupción respaldada por Naciones Unidas que investiga presuntos ilícitos electorales del mandatario en 2015, lo que encamina al país a un nuevo período de inestabilidad política.
Pero el presidente del país, Jimmy Morales, dijo por la tarde en un mensaje a la nación que «ningún tribunal nacional tiene el respaldo constitucional para injerir en la decisión, es del presidente en dicha política (exterior)».
No quedó claro si el abogado colombiano Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), sería expulsado del país inmediatamente, como anunció Morales temprano tras declararlo persona «non grata».
El presidente dijo por la tarde que Velásquez «se excedió en sus funciones porque se inmiscuyó directamente en los asuntos internos que competen con exclusividad al estado de Guatemala por medio del congreso de la República, violando expresamente el artículo 41 de la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas».
«He sido respetuoso de la ley y lo sigo siendo. Como seguramente quedará demostrado con las acciones que vendrán con esta decisión de Estado», agregó.
Horas después de que Morales anunciara la expulsión del comisionado, la Corte de Constitucionalidad anunció que otorgaba un amparo provisional a Velásquez que dejaba «en suspenso la decisión del presidente» y dijo a los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Gobernación que se abstengan de cumplirla.
El mandatario tomó la decisión luego de que la Fiscalía General y la CICIG, también apoyada por Estados Unidos, presentaron el viernes una solicitud de antejuicio contra el presidente Morales para investigarlo por supuestos delitos electorales en la campaña en 2015 que lo llevó a la presidencia.
Además, en enero, la Fiscalía y la Comisión acusaron al hermano y a uno de los hijos del presidente de participar en un fraude al registro de la propiedad, lo que dañó sensiblemente la popularidad del mandatario, quien ganó las elecciones pese a su inexperiencia política con el lema «ni corrupto ni ladrón».
El abogado constitucionalista y excanciller Gabriel Orellana dijo que si Morales no acata la decisión de la Corte estaría colocándose en desacato, lo que podría abrir la puerta a un segundo antejuicio por esa razón. Dijo además que el mandatario no puede presentar algún recurso contra el amparo de la Corte.
El Secretario General de la ONU, António Guterres, dijo en un comunicado estar sorprendido y que espera que Velásquez sea tratado por las autoridades guatemaltecas con el respeto debido como funcionario internacional. En tanto, el Gobierno de Estados Unidos en su página oficial advirtió que podría suspender la ayuda a Guatemala.
Las embajadas en Guatemala de Estados Unidos, Alemania, Canadá, España, Francia, Italia, Reino Unidos, Suecia, Suiza y la Unión Europea emitieron un comunicado lamentando la expulsión de Velásquez, en el que argumentaron que dañaba la capacidad de la CICIG para cumplir con su mandato.
Después del anuncio del presidente, el canciller Carlos Raúl Morales fue removido de su cargo por presuntamente no cumplir la orden de expulsar a Velásquez.
La Fiscalía General informó que tras el amparo provisional otorgado a Velásquez, la fiscal Thelma Aldana no ha renunciado. La funcionaria es una aliada de Velásquez y había dicho la semana pasada que dimitiría si el comisionado era removido.
En tanto, la ministra de Salud, Lucrecia Hernández, y sus viceministros renunciaron el domingo por su desacuerdo con la expulsión de el líder de la CICIG. Y el ministro de Hacienda condicionó su permanencia en el gabinete.
