En una nueva audiencia por la denuncia presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, Israel confirmó no tener una intención genocida sobre Gaza y, por el contrario, justificó sus acciones como un “derecho inherente a defender a sus ciudadanos” tras las masacres cometidas por Hamas el 7 de octubre.
Tal Becker, quien tomó la palabra en la defensa del Estado judío ante los magistrados durante las tres horas del encuentro de este viernes, lamentó que Pretoria busque crear una “imagen fáctica y jurídica profundamente distorsionada” de lo que es esta guerra, así como la imposición de medidas cautelares que incluyan la “suspensión inmediata de las actividades militares” en la Franja, que sólo beneficiarían a la milicia palestina.
Las acciones que suscitaron el accionar de las Fuerzas de Defensa, aquella incursión terrestre que dejó más de 1.200 muertos y 250 rehenes, fue “el mayor asesinato en masa calculado en un día desde el Holocausto”, agregó Becker y subrayó que “si ha habido actos que puedan calificarse de genocidas, entonces esos han sido perpetrados contra Israel” ya que aquel sábado se cometieron “mutilaciones, violaciones y secuestros de tantos ciudadanos como los terroristas pudieron encontrar” y, no siendo suficiente, también procedieron con la “quema de personas, incluidos bebés”.
Es por ello que, consideró a continuación, la “totalidad” de este caso “depende de una descripción manipuladora, descontextualizada y deliberadamente recopilada de la realidad de las hostilidades actuales” en el enclave que no contempla sus esfuerzos por permitir el ingreso de ayuda humanitaria para asistir a los civiles palestinos que quedaron en medio del fuego cruzado.
Por último, Becker reconoció que si bien los actos de Hamas “por sádicos y sistemáticos que sean, no eximen a Israel de la obligación de respetar la ley” no impiden al país “tomar las medidas legítimas para defender a sus ciudadanos”.
A la par, el letrado Christopher Staker consideró que la denuncia de Sudáfrica que busca poner fin a la guerra “es, sinceramente, asombrosa” y explicó que “la suspensión unilateral de las operaciones militares por una sola parte en el conflicto deja a la otra libre para continuar los ataques”.
Las medidas cautelares, agregó, “pondrán fin a los intentos de rescatar a los rehenes” y “dará a Hamas espacio para preservar sus capacidades, lo que permitirá que represente un riesgo aún mayor” aunque, no obstante, recordó que la resolución de la CIJ “tiene límites” y no puede “exigir que un Estado se abstenga de ejercer un derecho plausible a defenderse”.
Acompañado por familiares de las víctimas e imágenes de las masacres ocurridas en su país en octubre, Staker respondió a las muestras presentadas por Sudáfrica la víspera y aclaró que se trata de “varios incidentes individuales” que, por tanto, “no son pruebas de la intención de toda la operación militar”.
Al concluir la exposición del Estado judío, el ministro de Justicia de Pretoria, Ronald Lamola, consideró que la contraparte había fallado en “refutar el convincente caso” que han presentado desde su equipo y apuntó que “admite que fueron hechas las declaraciones” que prueban la intención genocida pero “sorprendentemente, dice que fueron hechas como retórica, por personas ajenas al poder y no poder responsables políticos, que ni explican ni condenan las acciones de los soldados”.
También lamentó que Israel se centrara “ampliamente” en los hechos del 7 de octubre y no en el escenario global que se ve en Gaza y lo acusó de incluir observaciones que “no están respaldadas ni por los hechos ni por la situación sobre el terreno”.
“El caso de Sudáfrica ante esta Corte es simple: según la Convención sobre el Genocidio, nada justifica los actos genocidas que actualmente comete Israel. La defensa propia no es respuesta al genocidio. Nada podrá jamás justificar el genocidio. La prohibición es absoluta”, continuó y concluyó que “no importa lo que hayan hecho algunos individuos palestinos en Gaza ni lo grande que pueda ser la amenaza para los ciudadanos israelíes. Los ataques genocidas a toda la población de Gaza con intención de destruirla no pueden justificarse”.
En unas semanas, una vez finalizado este período de audiencias, los jueces de la CIJ deberán pronunciarse sobre su evaluación del caso y la necesidad o no de medidas cautelares, dependiendo del cumplimiento del derecho internacional humanitario.
