La organización no gubernamental (ONG) Socorro Jurídico Humanitario (SJH) ha denunciado los últimos meses las irregularidades que se han registrado en las detenciones enmarcadas en el estado de excepción que rige en El Salvador desde marzo del 2022, es decir, 18 meses.
El primer balance preocupante se emitió en un informe de julio en el que se advirtió que cada 4 días murió una persona detenida en las cárceles con el detalle de que el 91% de las personas que murieron detenidas no tenían vínculos con pandillas o grupos ilegales.
En su más reciente balance a septiembre, Ingrid Escobar, directora de SJH, reveló que según información que les han confirmado fuentes fiscales y policiales, por lo menos 500 personas han fallecido en los centros penales del país, bajo la tutela del Estado.
“Es decir, hay muchas familias, desgraciadamente, que están enviando paquetes a personas que ya están enterradas en una fosa común y que no lo están diciendo porque no les conviene porque estamos en un periodo preelectoral”, denunció Escobar.
La directora del SJH agregó que faltando 4 meses para las elecciones no van a revelar estas muertes que se enmarcan en casos de capturas arbitrarias, falta de cuidado, carencia de atención médica, abusos y torturas.
Ante estos señalamientos, el comisionado de Derechos Humanos de El Salvador, el colombiano Andrés Guzmán Caballero asegura que “no existen arrestos sin pruebas, todas las personas que son arrestadas tienen derecho a ir a un juez, hay un procurador y un fiscal que atiende cada uno de los casos”.
“El régimen está diseñado solamente para los pandilleros, para los terroristas, no para las personas que trabajan para el bien, para los civiles (…)En El Salvador no existen torturas o tratos crueles a las personas dentro de los penales”, agregó Guzmán.
