La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se encuentra habilitada para resolver un recurso de casación que busca anular la reapertura del proceso penal por el asesinato de seis jesuitas y dos mujeres, durante la mayor ofensiva guerrillera que sufrió El Salvador durante la pasada guerra civil en 1989, informó el miércoles a periodistas un abogado cercano al proceso.
De acuerdo con Manuel Escalante, sudirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), la referida sala quedó habilitada para resolver este recurso después de que el pleno del CSJ resolviera dos recusaciones.
Los abogados defensores de los militares vinculados a este crimen recusaron a dos jueces de la Sala de lo Penal y el Supremo decidió separar a uno de los juzgadores recusados y mantener al otro.
«El caso o la solicitud de reapertura está en la Sala de lo Penal, ya estaría habilitada para conocer todo esto luego de que se resolvieran las recusaciones», señaló Escalante.
Añadió que «no tenemos mayor noticia» sobre el avance del análisis o discusiones sobre el recurso de casación.
Explicó que si los jueces de la Sala de lo Penal rechazan el recurso, el proceso quedaría reabierto «desde la presentación de la acusación por parte de la Fiscalía General de la República» contra los supuestos autores intelectuales.
Si lo aceptan, no sería reabierto.
Un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de 2016 anuló la ley de amnistía de 1993, por lo que algunos activistas de izquierdas se han dado a la persecución de ex militares, sin que se persigan asesinatos y secuestros cometidos por varios comandantes de la entonces guerrilla del FMLN.
Dicha resolución judicial permitió reabrir en abril de 2018 el proceso sobre el asesinato de los jesuitas a petición del Idhuca.
Los señalados como autores intelectuales, cuya inclusión en el proceso está en manos de la Fiscalía son, el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), los generales Humberto Larios, Juan Bustillo, Francisco Fuentes, Juan Orlando Zepeda, el fallecido René Emilio Ponce y el coronel Inocente Montano.
La Audiencia Nacional de España concluyó el miércoles un juicio contra Montano, para quien la parte acusadora pide 150 años de prisión.
Montano aprovechó su alegato final para eximir de responsabilidad a todos los miembros de la cúpula militar, en especial a los miembros de la promoción de oficiales conocida como «La Tandona», y asegurar que este crimen fue un «error gravísimo que hicieron los soldados».
Los jesuitas asesinados la madrugada del 16 de noviembre de 1989 fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López, así como la empleada Elba y su hija, Celina Ramos.
Por este crimen está encarcelado el coronel Guillermo Benavides, condenado a 30 años de prisión en 1991 por trasladar la orden de asesinar a los jesuitas al grupo que irrumpió en la UCA y a quien la Justicia le ha negado el indulto y conmutación de la pena.
Mientras, el ex teniente Yushy Mendoza, uno de los asesinos y quien según fuentes habría dado los «tiros de gracia» a los masacrados, goza de inmunidad en Suramérica por apoyar a los fiscales españoles contra Montano.
