La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de negar un amparo promovido a favor de los ítalo canadienses, Matteo Paquale y Franco Pacetti, dejó en firme las ordenes de captura y difusión roja que existen en contra de ellos.
La Sala rechazó una argucia mediante la cual los abogados de Pasquale y Pacetti, pretendían poner a salvo a sus clientes de las ordenes de captura que sobre ellos penden.
La conclusión a la que la Sala llega en su resolución es resultado de los mismos argumentos, expuestos por los abogados René Alberto Medrano y Oscar Armando Rosales Parada, en el Recurso de Amparo interpuesto alegando supuestas infracciones constitucionales cuando, a juicio de los cuatro magistrados que suscriben la sentencia, lo único que se colige es que los abogados de Pasquale y Pacetti no estaban de acuerdo con los motivos por los cuales la Fiscalía General de la República (FGR) promovió la acción penal en contra de sus representados.
Los requerimientos fiscales a los que se refieren tanto el abogado René Alberto Medrano como Oscar Armando Rosales Parada, aparecen referidos en los juzgados Tercero y Quinto de Paz de San Salvador respectivamente.
El origen de esta situación jurídica se encuentra a la base de una denuncia que originó el empresario Enrique Rais contra los ítalo canadienses por los delitos de Apropiación o Retención Indebida cometidos cuando los perseguidos por la ley se negaron a entregar al señor Rais los certificados de las acciones canceladas por la compraventa de la Sociedad Tradesa Inc., relacionada con la empresa Mides.
Según la sentencia, la Sala declara improcedente el Recurso de Amparo presentado a favor de Pasquale y Pacetti, los abogados reconocen la apropiación indebida pero alegan que esto ocurrió en la República de Barbados y no en El Salvador.
Matteo Pasquale y Pacetti lograron evitar su captura trasladándose de El Salvador a Canadá, donde la Real Policía Montada les ha levantado sendos expedientes en los que ambos son vinculados al crimen organizado y de pertenecer a los grupos de la mafia ítalo canadiense.
A partir de la denuncia de Rais y posteriormente a la acción Penal promovida por la FGR, los delincuentes mencionados han orquestado, con la complicidad de un pequeño grupo de empresarios, abogados y periodistas que con conocimiento o sin él, se prestan a los intereses de los mafiosos, que pretendían sorprender a la Sala de lo Constitucional, utilizando la figura del Amparo como argucia para dejar sin efectos las ordenes de captura y la difusión roja que pesa sobre ellos.
La Sentencia de la Sala, independientemente de que ya decidió declarar improcedente el Amparo solicitado para Pasquale y Pacetti, reconoce el derecho de Rais a ser considerado como lo que en esta clase de procesos se conoce como tercero beneficiado.
Tercero beneficiado es la persona que pretende evitar el perjuicio que se le podría ocasionar como efecto reflejo de la sentencia estimatoria que pueda dar en el proceso de Amparo.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dice en su resolución, del 22 de enero del 2018, “Declárese improcedente la demanda de amparo firmada por los abogados René Alberto Medrano y Oscar Armando Rosales Parada en calidad de apoderados de de los señores Matteo Pasquale y Franco Pacetti contra la Fiscalía General de la República, ya que esta Sala carece de competencia material para determinar si existían o no elementos necesarios para ejercer la acción penal y requerir la detención de los pretensores por los delitos que se les atribuye, así como para establecer las presuntas infracciones a la ética cometidas por el ex Fiscal General de la República durante el ejercicio de su cargo. Firman los Magistrados Pineda, Meléndez, Blanco y González.
