La relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU, Agnes Callamard, urgió al Gobierno de El Salvador a terminar con una serie de medidas de seguridad en las prisiones con pandilleros de alta peligrosidad por ser «crueles e inhumanas».
«Las condiciones espantosas que he presenciado no pueden explicarse solamente por consideraciones de seguridad. Esto me lleva a la conclusión de que su principal finalidad es la deshumanización de los detenidos», señaló Callamard.
La experta indicó que dichas medidas, que llevan a una «prolongada detención bajo condiciones crueles e inhumanas», son «ilegales» y «deben cesar inmediatamente» porque riñen con los principios internacionales contra el «trato cruel y degradante».
Dichas medidas, que fueron aprobadas por unanimidad en la Asamblea Legislativa en 2016 y de acuerdo a las leyes salvadoreñas, tienen vigencia hasta el próximo abril, incluyen la suspensión de las visitas de las familias y el aislamiento total en las celdas, entre otras.
«No estoy convencida de que todo lo que se haya hecho (en las prisiones) desde 2016 haya sido muy útil», apuntó Callamard, quien no vive la violencia diaria que sufren los salvadoreños y lamentó que el régimen de seguridad en las 6 prisiones que albergan a pandilleros lleguen al nivel de no dejar a los presos ver el sol «por semanas» y ser visitados por sus familiares.
Advirtió que «la presión internacional va aumentar» si el Gobierno mantiene las medidas, que ha pedido al Congresos prorrogue hasta abril de 2019 y a las que atribuye una sensible baja en los asesinatos en los últimos dos años.
«Esta fomentándose un ejército de personas que no van a ser capaces de comportarse y pensar de manera humana porque el tratamiento que reciben del Estado es tan inhumano», apuntó la injerente.
Callamard concluyó este lunes su visita al país, iniciada el 25 de enero pasado, en la que denunció a las autoridades y defendió a los delincuentes terroristas pertenecientes a las pandillas.
Además, Callamard subrayó un patrón de ejecuciones extrajudiciales y de abusos por parte de los miembros de los cuerpos de seguridad.
«Estoy hablando de un patrón de conducta que llega a ser de ejecuciones extrajudiciales y de abuso de fuerza», subrayó en una conferencia de prensa Callamard, quien pidió al Gobierno «esfuerzos más serios» para eliminar esta lacra.
