La relatora especial sobre muertes arbitrarias de la ONU, Agnes Callamard, denunció el lunes la existencia de un patrón de ejecuciones extrajudiciales y de atropellos en los cuerpos de seguridad de El Salvador, por lo que pidió al Gobierno «esfuerzos más serios» para eliminar esta lacra.
«Estoy hablando de un patrón de conducta que llega a ser de ejecuciones extrajudiciales y de abuso de fuerza», subrayó en una conferencia de prensa Callamard, quien visita el país desde el pasado 25 de enero.
Explicó que los casos de muertes arbitrarias atribuidas a las fuerzas de seguridad comparten características similares como las que se registran durante supuestos tiroteos con las pandillas, que existe una alteración de la escena y que los responsables son rápidamente movidos de la zona y sustituidos por otros elementos.
Pese a que la especialista de la ONU señaló que este patrón no constituye una «política de Estado», sino que es un comportamiento surgido en las filas de la Policía y de las Fuerzas Armadas salvadoreñas, apuntó que la falta de investigación redunda en ejecuciones.
Callamard señaló que dicho patrón se «alimenta» de la falta de una investigación administrativa y judicial de «forma correcta» de las denuncias, al punto que en ninguno de los casos de ejecuciones, que las organizaciones sociales estiman en unos 1.000 desde 2014, se ha dado alguna condena.
«Estas conductas llegan a ser lo mismo que ejecuciones extrajudiciales», dado que «le compete al Gobierno investigar todas las alegaciones de esta índole y cuando ese principio no se aplica, llega a ser una violación del derecho a la vida», acotó Callamard.
Lamentó que los organismos de control interno de la Policía tengan una «capacidad de investigación muy pobre» y a nivel de la Fiscalía, por lo que pidió al Gobierno «desplegar esfuerzos más serios para investigar» las denuncias.
«Los delitos a manos de los agentes de seguridad menoscaban las estructuras democráticas del país y amenazan su capacidad de avanzar hacia una sociedad democrática sustentable. No pueden caer en el olvido, no pueden no investigarse», señaló.
La visita de la experta se da cuando el país ha vivido, según diversas organizaciones sociales, un retroceso en derechos humanos a raíz de las medidas «extraordinarias» de seguridad contra las pandillas lanzadas por el Ejecutivo y el Congreso desde 2016.
El Salvador es uno de los países más violentos del mundo con tasas de asesinatos de 103, 81,7 y 60 por cada 100.000 habitantes en 2015, 2016 y 2017 respectivamente y con un incremento el primer mes de 2018, muertes violentas atribuidas principalmente al accionar de las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18.